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Barcelona

La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y su Mesa por presunta desobediencia

La Fiscalía Superior de Catalunya solicita que se condene al actual conseller Roger Torrent a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlament en 2019. También pide que se condene a otros tres miembros de ese órgano.

Roger Torrent, cuando era presidente del Parlament catalán. (Lluis GENÉ/AFP)
Roger Torrent, cuando era presidente del Parlament catalán. (Lluis GENÉ/AFP)

El escrito de acusación, del que este jueves ha informado Europa Press, reclama 20 meses de inhabilitación para tres de los componentes de la Mesa del Parlament de Catalunya en 2019: Roger Torrent, como presidente; Josep Costa, vicepresidente primero; y Eusebi Campdepadrós, secretario primero. Para Adriana Delgado, secretaria cuarta, pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Según la Fiscalía, los miembros independentistas de la Mesa tramitaron propuestas de resolución supuestamente a sabiendas de que suponían desoír varios autos y sentencias del Tribunal Constitucional español (TC), que anteriormente ya había anulado resoluciones del Parlament relacionadas con el procés y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al rey español.

El escrito de acusación recuerda que otros miembros de la Mesa pidieron reconsiderar la aceptación de la propuesta de resolución pero que Torrent usó su voto de calidad para admitirla. La Fiscalía señala que el 5 de noviembre los cuatro acusados desestimaron las peticiones de reconsideración que PP, PSC y Cs hicieron ante la admisión de una moción de la CUP, y la incluyeron de nuevo en el orden del día del pleno del 12 de noviembre.

La Fiscalía subraya que el TC había comunicado estas sentencias anteriores «individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa» junto con un aviso de su obligación de paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que fuera contra estas decisiones judiciales.

Esta petición fiscal llega después de que, concluida la fase de investigación de la causa, el pasado 11 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidiera procesar a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament bajo la acusación de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional español.