El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, estuvo 66 minutos y 40 segundos hablando en tres turnos de palabra el miércoles en comisión parlamentaria «para explicar qué medidas ha adoptado el Departamento de Seguridad tras la muerte de Iñigo Cabacas», según la comparecencia pedida por EH Bildu. En esa hora, 6 minutos y 40 segundos no tuvo ninguna palabra de recuerdo para el joven basauritarra muerto por un pelotazo de la Ertzaintza, ninguna palabra de consuelo para su padre y su madre, que le estaban viendo en otra sala del mismo Parlamento.

Es probable que las explicaciones técnicas que el consejero dio sobre la imposibilidad de actuar disciplinariamente contra los suboficiales y agentes que ya no pertenecen a la Ertzaintza sean jurídicamente impecables, como también lo será que no se puede sancionar a quien actuó como era costumbre si esa costumbre, aún siendo perniciosa, no era contraria a ningún reglamento, aunque se diera de bruces con la mera lógica de tomar medidas internas excepcionales y tratar de mantener las pruebas, en lugar de destruirlas, si hay un herido por una pelota de goma en la cabeza.

Josu Erkoreka es jurista, y así lo dejó claro también en su comparecencia. Es más, demostró que ser experto en legislación no está reñido con tener sentimientos. Lo que ocurre es que su corazón es muy parcial. En él caben los ertzainas que dispararon pelotas contra la gente y los suboficiales que lo ordenaron, ya que «quiso» repetir y «remarcar especialmente» que cuatro de ellos dejaron el cuerpo –tres antes del juicio y el otro un mes después– no por edad y jubilación, sino por una «incapacidad permanente» médica, «rompiendo su carrera profesional», lo que refleja que sufrieron una «vivencia grave y amarga» con la que quedaron marcados. Por ello dijo que no se puede hablar de «impunidad» o de que no pagaron lo hecho.

El padre de Iñigo Cabacas, Manu, también tuvo que dejar su negocio familiar por motivos de salud, rompiendo así su carrera profesional e incluso toda su vida por la pérdida de su hijo. Pero, según ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi, no tuvo tantas facilidades y tuvo que ir a juicio contra la Seguridad Social para lograrlo. Mientras Erkoreka comparecía ante la comisión, Manu y su mujer, Fina Liceranzu, estaban siguiendo su intervención, en la que parecía que el consejero se encontraba ante un mero trámite administrativo y no ante la muerte de una persona a manos del cuerpo policial que ahora dirige, muerte producida en un incidente que  –según sentencia judicial– «en absoluto justificó la actuación policial que se produjo frente al callejón».

Pero para la familia Cabacas no hay –o al menos no lo hubo en el Parlamento– ningún espacio en el afecto del consejero. Por ello se quejaron de «la falta de humanidad y de empatía». Por eso Manu dijo que «nuevamente nos han vuelto a matar». Por eso Fina, que llevaba al cuello un colgante con un corazón con el nombre de Iñigo escrito, no pudo aguantar toda la comparecencia y acompañada tuvo que salir al exterior a tomar el aire. Luego comentaba que «a mi hijo le hicieron un boquete en la cabeza, a mi hoy me lo han hecho aquí» y se señalaba el estómago.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, tuvo el miércoles la oportunidad de decir que si técnicamente no se podía hacer nada punitivo, su Departamento asumía al menos la responsabilidad política de lo mal hecho, del daño injusto infligido a la familia Cabacas. Pudo dar muestras de que lamentaba lo ocurrido y de que asumía que en el pasado desde Interior se había incluso retardado la acción de la justicia, por no hablar de las mentiras de las primeras versiones oficiales. Dijo que habían pasado muchos gobiernos desde entonces, pero el partido que dirigía la Consejería sigue en el mismo Consejo de Gobierno en el que se sienta él ahora.

Por contra, lo que hizo Erkoreka fue decir que si bien es cierto que hasta el Tribunal Supremo critica que hubo carencias en la investigación de la Ertzaintza, de inmediato las justificó aduciendo que «el caso es que en 2012 no había en la Ertzaintza protocolo para cómo actuar en estos casos».

Mientras algunas víctimas están en el centro de los discursos de muchos políticos, a la familia Cabacas se le ha negado la justicia porque en la instrucción se ocultaron datos, hubo un pacto de silencio e incluso acuerdos para mentir entre quienes fueron interrogados. Y todo ello con abogados pagados por el Gobierno de Urkullu. Ahora se les niega también la verdad y la reparación.

De hecho en los «Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco», redactados por la Secretaría de Paz de Lehendakaritza, se dice que Iñigo Cabacas recibió un pelotazo en la cabeza en el contexto de las cargas producidas cuando «varios efectivos de la Ertzaintza se desplazaron al lugar de los hechos alertados por la llamada de auxilio de una persona herida en una agresión violenta que se produjo en la zona. La llegada de efectivos de la Ertzaintza al lugar de los hechos fue recibida por parte de algunas personas con gritos de protesta y lanzamiento de objetos».

El retrato está redactado en noviembre 2016 y refiere que el caso está en investigación judicial. Pero no hemos podido encontrar ninguna rectificación después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 2018, en la que ya se aseguraba que «aunque no podemos descartar que se les lanzara algún objeto [a la Ertzaintza], su entidad es cuestionable». «En absoluto estamos ante una lluvia de objetos». Y su conclusión, ya mencionada, fue que aquello «en absoluto justificó la actuación policial que se produjo frente al callejón».

Es más, los jueces añadieron que «se incumplió el principio general de actuación puesto que se utilizaron las armas y se disparó munición real a pesar de que ni estaba en riesgo la vida o integridad física de los agentes, ni había ninguna situación de grave riesgo para la seguridad ciudadana que lo justificara». Su conclusión fue que «la decisión de cargar en la situación expuesta no estaba justificada y que con ello se vulneraba la normativa y protocolos de actuación en situaciones de orden público».

Pero sobre todo esto nadie asumió responsabilidades. Tampoco el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, el mismo que el 12 de abril de 2012, cuando era portavoz del PNV en el Congreso y en la CAV gobernaban sus hoy socios del PSE, pidió en una entrevista en Radio Nacional de España llegar «al fondo del asunto» en la muerte del aficionado del Athletic Club Iñigo Cabacas y, en su caso, depurar responsabilidades «sin contemplaciones».