Los principales responsables de la empresa Verter Recicling, entre ellos el propietario de la empresa, José Ignacio Barinaga, se han negado a declarar esta mañana de lunes en el Juzgado de Durango por el daño medioambiental causado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar el 6 de febrero de 2020, que provocó la muerte de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Juzgado, convocadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y la Plataforma Zaldibar Argitu, para exigir que se depuren responsabilidades por el desprendimiento del vertedero.

El representante de Zaldibar Argitu Gaizka Zabarte ha señalado que en el procedimiento judicial no solo deberían estar los responsables de la empresa propietaria, sino también de las instituciones vascas, porque «sin un marco legal que permitiera su actuación no hubiera ocurrido el desprendimiento».

El procedimiento penal por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró el pasado verano con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, que eludieron entrar en prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos a cambio de seis meses de cárcel.

Sigue abierto este segundo proceso judicial, que está relacionado con la catástrofe medioambiental provocada.

Mudos Barinaga y Etxeberria, enferma Bilbao

Dentro del juzgado, José Ignacio Barinaga, propietario de la empresa Verter Recicling, gestora del vertedero de Zaldibar, y el ingeniero jefe de esa instalación, Juan Etxebarria, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez.

Barinaga estaba citado a declarar como imputado en el procedimiento por un posible delito contra el medio ambiente y la salud pública, en el que también figuran como investigados Etxebarria y la gerente o representante legal de la empresa, Arrate Bilbao, que comunicó el pasado viernes al juzgado que había contraído covid, por lo que su declaración se ha pospuesto.

La plataforma formada por Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria están personadas en este caso como acusación popular. Su letrado, Carlos Alonso, ha indicado a los medios que el proceso se encuentra aún en fase de instrucción, a pesar de que casi han pasado dos años desde que el 6 de febrero de 2020 el vertedero se colapsara y sufriera un alud de toneladas de residuos, que causó la muerte de dos operarios de esa instalación, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Alonso ha explicado que las dos personas investigadas por esos hechos que han acudido a declarar han optado por la estrategia de no declarar y que se deberá señalar fecha para la declaración de Bilbao.

Informe pericial

Ha indicado además que se ha solicitado un informe pericial a la unidad especial de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado, respecto a toda la información que hay en autos que ocupan ya 15 tomos, y también se va a realizar el nombramiento de un perito de designación judicial que elaborará otro informe.

La investigación sobre ese vertedero continuará y se estudiarán también los documentos relativos a las labores de búsqueda de los cadáveres de las dos personas que quedaron sepultadas (Beltrán no fue hallado), y las posteriores obras asentamiento del vertedero y aseguramiento del terreno.

«Es impredecible» determinar cuando terminará la instrucción ya que la Fiscalía y la acusación popular han pedido ampliar el plazo para la investigación que inicialmente terminaba en enero, por la complejidad del caso.