El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se han movilizado ante el Palacio de Justicia de Barakaldo para denunciar que Alokabide, entidad pública dependiente Lakua, ha instado el procedimiento de desalojo de una mujer barakaldesa con cuatro hijos, tres de ellos menores. Se trata de una víctima de la violencia machista, con orden de alejamiento en vigor, y «en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales municipales». La orden de desahucio ha sido fijada para el 31 de enero a las 9.15 horas, «pese a la ampliación de las políticas de moratoria y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables».

Según han explicado, la mujer fue acogida con carácter de urgencia en mayo de 2021 en un refugio para víctimas del machismo. Y, «ante esta situación, Alokabide decidió paralizar el desahucio dictado para el día 21 de ese mismo mes». Ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico durante estos meses han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista como exige la actual legislación y todos los actuales protocolos de actuación. Sin embargo, ambas administraciones sí han decido reactivar la orden de desalojo suspendida y que será ejecutada este lunes 31 de enero», han censurado.

Y han criticado que «durante el estado de alarma, ni con la sucesiva aprobación de más normativa para esta problemática han cesado los desahucios». «A pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si esta era o no derivada de la pandemia, estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello», han declarado las asociaciones, que han recordado que «esta normativa obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio y prohíbe la ejecución del mismo si no hay una vivienda digna disponible para tal fin».

«Están incumpliendo la legislación»

Argitan y Berri Otxoak han coincidido al señalar que «el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco están incumpliendo esta legislación ante la problemática de los desahucios además de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU».

«Alokabide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019 donde se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple salvo mediante la presión social», han añadido.

Asimismo, han alertado de que «la precariedad y la pobreza se ceba entre las mujeres; y los desahucios no son una excepción. Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar esta problemática y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por una falta de voluntad política, por lo que instamos a las instituciones a priorizar las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales como ejemplifica este desalojo de una mujer víctima de violencia machista».