El abogado de la acusación popular en el caso de las obras falsas en Alonsotegi, Iñigo Santxo, ha explicado este jueves en NAIZ Irratia cómo se ha desarrollado el proceso por el que, finalmente, el exalcalde del PNV Jose Luis Erezuma y el resto de acusados han admitido todos los delitos a cambio de evitar la cárcel.

El juicio previsto para el pasado martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia no llegó a celebrarse después de que «a última hora», la acusación popular, ejercida por el grupo municipal de EH Bildu, y los acusados alcanzaron un preacuerdo que permitía cancelar la vista. Según detalla Santxo, este pacto garantiza el cumplimiento de los dos objetivos que planteaban los concejales de EH Bildu en Alonsotegi desde un principio: por un lado, «recuperar un dinero que pertenece a todos los vizcainos y al Ayuntamiento de Alonsotegi» y, por otro, sancionar a los culpables.

En total, los acusados deberán devolver los 681.000 euros defraudados (600.000 pertenecientes a la ayuda de la Diputación y 81.000 puestos por el Ayuntamiento), más otros 200.000 en cuestión de intereses. Asimismo, se ha pactado una pena de diez años de inhabilitación y dos años de cárcel, que no cumplirán al carecer de antecedentes. Tal como ha adelantado Santxo, los primeros 100.000 euros ya se han depositado en la caja del tribunal.

Santxo ha explicado que, tras una primera «averiguación patrimonial» de los investigados por parte de la Audiencia Provincial, solo aparecieron «pequeñas cuentas corrientes y un piso». «Les dijimos que con eso no era suficiente para pagar casi un millón de euros y que seguiríamos adelante, que habría juicio», ha declarado el abogado. En cambio, ha explicado que «en el último momento se declararon unos bienes inmuebles que no aparecieron en la primer detección», concretamente dos casas y una nave industrial. Con ello, la acusación particular consideró que existía una «garantía real» de pago, por lo que siguió adelante con el acuerdo.

De momento, se trata de un acuerdo verbal y faltaría rubricarlo por escrito. Para ello, el abogado de la acusación popular ha propuesto el plazo de un mes para firmar el trato y presentar un calendario de pagos. De lo contrario, Santxo ha anunciado que el juicio seguiría adelante.

En caso de llevar a cabo el acuerdo, los investigados deberán aceptar todos delitos de los que se les acusa, «no solo por escrito, sino también frente al tribunal» en lo que se conoce como una «vistilla», un juicio oral corto donde se leerán las acusaciones.

La declaración de Aburto, clave

Para Santxo, uno de los puntos claves para entender que finalmente los acusados, y concretamente Erezuma, hayan optado por evitar el juicio es la declaración como testigo de Juan Mari Aburto. El actual alcalde de Bilbo y diputado de Presidencia de la Diputación foral de Bizkaia en el momento de los hechos firmó la subvención de 600.000 euros por una obra que, como consta en el escrito de acusación provisional, se llevó a cabo en 14 días naturales, es decir, en diez días de trabajo. Además, uno de los muros supuestamente dañados, el de la carretera Bilbo-Balmaseda, era de titularidad foral.

En palabras de Santxo, en este caso Erezuma, como cargo público del PNV, ha hecho de «peón» para proteger al actual alcalde bilbaino. «Aburto no es un peón, es un alfil como mínimo. Que hubiera tenido que declarar habría dejado al descubierto el ‘modus gobernandi’ del PNV, donde a menudo se mezcla el dinero público y el privado. Creo que esa ha sido una de las razones principales para evitar el juicio», ha manifestado.

Finalmente, Santxo ha querido destacar el papel de los concejales de EH Bildu en Alonsotegi, cuyo trabajo comienza antes de la llegada al Consistorio en 2011. «Durante casi una década, de 2003 a 2011, la izquierda abertzale quedó fuera de todas las instituciones. En el caso de Alonsotegi, intentaron conseguir los expedientes como ciudadanos, pero solo encontraron impedimentos. En 2011 recuperaron cuatro concejales y detectaron un montón de errores en esos expedientes», ha recordado Santxo, así como que, además de Erezuma, otros dos alcaldes jeltzales de Alonsotegi serán juzgados por malversación. En este artículo se recoge todo el caso.

«Desde entonces, el PNV sigue en el Ayuntamiento, por lo que es curioso que esa información la hayan tenido que sacar los concejales de la oposición», ha concluido, celebrando que están cerca de «saborear los frutos de ese trabajo».