La dimisión de Paul Givan se enmarca en la estrategia del unionista DUP contra el protocolo norirlandés, que mantiene al norte de Irlanda dentro del mercado único europeo, y coincide con la decisión de su colega de partido, Edwin Poots, de ordenar la suspensión de los controles agroalimentarios de productos británicos en los puertos del norte de Irlanda, que son ahora el punto de entrada a la Unión Europea (UE), y que la comisaria comunitaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, describió como una violación del derecho internacional.

Si bien la orden de Poots no parece haber tenido ningún efecto –el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo que los observadores de la UE estaban satisfechos de que se sigan realizando los controles requeridos–, la dimisión de Givan forzó la salida automática de la viceministra principal, la republicana Michelle O'Neill, y la disolución del Ejecutivo, y reabre el proceso de formación del Gobierno, al tiempo que sume al norte de Irlanda en una nueva crisis.

Si cumplido el plazo para presentar candidaturas para liderar el Gobierno por parte de unionistas y nacionalistas no se alcanzara un acuerdo, las opciones serían convocar elecciones anticipadas o volver a un Gobierno centralizado desde Londres.

Tras el anuncio de dimisión de Givan, el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, dio aparentemente el pistoletazo de salida a su campaña al declarar que es «el momento de que la gente» del norte de Irlanda «se pronuncie».
La convocatoria electoral sería bien recibida por Sinn Féin, al que el DUP considera su némesis, ya que las encuestas de opinión favorecen al partido republicano, que se convertiría en la formación política más votada y lideraría el Ejecutivo.

«Intereses políticos del DUP»

Sin embargo, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a la vez que instaba a celebrar comicios, se mostraba crítica con el momento elegido por el DUP para paralizar la actividad legislativa, cuando aún no se ha aprobado el presupuesto del 2022. Y es que la decisión del DUP solo ha encontrado el apoyo de la Orden de Orange y ha recibido las críticas de empresarios, de la mayoría de los partidos políticos e, incluso, del Gobierno británico.

McDonald acusó a Givan de tomar una decisión basada «los propios intereses políticos del DUP», que busca recuperar el voto del sector unionista más duro, ignorando «las consecuencias reales para la gente» y, específicamente, el retraso en la aprobación de los presupuestos y su impacto en la sanidad.

Igualmente críticos se han mostrado los representantes del mundo empresarial. El presidente de la Cámara de comercio de Derry, Aidan O'Kane, apuntó que la inestabilidad política «no hace nada por nuestras listas de espera en los hospitales, que actualmente son las peores de todo el Reino Unido; no hace nada por las familias que luchan contra el aumento exponencial del coste de la vida; no hace nada por atajar la pandemia en curso, y no hace nada por apoyar a nuestras empresas en su intento de reconstrucción y recuperación».

«Este es uno de esos momentos decisivos. Podemos hacerlo mucho mejor que este caótico teatro. El poder compartido puede funcionar, pero solo puede funcionar si las partes involucradas se comprometen a hacerlo», señaló la presidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald.

El secretario de Estado británico, Brandon Lewis, calificó la decisión de «extremadamente decepcionante».
Desde hace meses, el DUP venía amenazando con hacer caer el Gobierno norirlandés si las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el protocolo no desembocaban pronto en su reforma radical.

El DUP se opone al actual mecanismo porque establece una frontera comercial entre Gran Bretaña y el norte de Irlanda, a pesar de los claros beneficios económicos que ello conlleva. Desde Londres, el protocolo ha sido utilizado como pieza de cambio en sus negociaciones con la UE, y la falta de reciprocidad del Ejecutivo británico a la lealtad unionista es manifiesta.