Cuatro meses después de recibir el tercer grado por parte de Instituciones Penitenciarias, Jon Crespo Ortega ha vuelto a dormir en prisión este jueves, según ha podido confirmar NAIZ. Tuvo que presentarse a las 23.00 en la cárcel de Basauri, tras haber revocado la Audiencia Nacional la progresión concedida a finales de setiembre y volverle a clasificar en segundo grado.

La decisión sigue la estela abierta con el caso de Unai Fano, cuyo tercer grado también fue revertido por el tribunal especial español, en ambos casos tras un recurso de la Fiscalía. Pero hay una diferencia relevante entre ambos casos, puesto que en el de Fano fue la sala superior de la AN (la Sección Primera) quien tumbó la puesta en libertad mientras que ahora ha sido directamente el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, también dependiente de la Audiencia Nacional pero primera instancia interpelada. En el caso de Unai Fano, este JCVP había rechazado el recurso de la Fiscalía, que logró finalmente su objetivo apelando a la Sección Primera.

Una manifestación convocada por Sare denunciará la situación este sábado a las 13.00 en Galdakao, la localidad del preso. Y demandará que estos casos no se repitan, porque existe constancia de que hay más recursos de la Fiscalía en marcha contra los pocos presos y presas vascas que han alcanzado el tercer grado, apenas una decena en la actualidad.

Tampoco cabe olvidar que Crespo, preso desde hace veinte años, debería estar realmente en libertad condicional. Así lo admitía Instituciones Penitenciarias en su comunicación de la concesión del tercer grado, al apuntar que cumplió las tres cuartas partes de la condena en agosto de 2021.

Tres instituciones corregidas

La resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria viene a suponer un desplante a tres instancias diferentes: la Junta de Tratamiento de la prisión cántabra de El Dueso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Gobierno español y el Ejecutivo de Lakua.

La resolución dice que «no consta petición de perdón expreso a las víctimas» y lo sitúa como «requisito exigido por la Sección Primera», que fue la que anuló el tercer grado a Fano

En el primer caso, según ha podido constatar NAIZ, la Junta de El Dueso dejó muy claro que se cumplían los requisitos de «evolución positiva en la conducta, apreciándose circunstancias personales y penitenciarias que le capacitan para llevar un régimen de vida en semilibertad». Se citaban entre ellas «declaración expresa del rechazo al uso de la violencia» o «disfrute de permisos sin incidencias».

En cuanto a Instituciones Penitenciarias, lógicamente dio por buena y convirtió en resolución esa propuesta, exponiendo no solo las cuestiones anteriores sino también el pago de responsabilidades civiles por parte del preso o su disposición favorable a la reintegración. «Sin embargo no consta petición de perdón expreso a las víctimas de terrorismo ETA [sic], con lo que no se cumplen los requisitos exigidos por la Sección Primera de la Sala de lo Penal al respecto, lo que obliga a estimar el recurso del fiscal», afirma el JCVP en la resolución, firmada el miércoles por su titular, José Luis Castro.

La decisión interpela por último al Gobierno de Lakua, como institución que gestiona la prisión de Basauri justo desde la semana en que Jon Crespo fue trasladado a ella desde El Dueso. En consecuencia, es el departamento de Justicia de Beatriz Artolazabal quien controlaba el desarrollo del tercer grado. Ello conlleva un seguimiento multidisciplinar (educador-sicólogo, trabajadora social...), por lo que la administración vascongada tenía plena consciencia de que Jon Crespo no había incurrido en ningún incumplimiento.

El desplante es doble en este caso, porque Lakua ha mostrado un compromiso de fomento del régimen de semilibertad y la Audiencia Nacional le ha respondido devolviendo a la cárcel a dos presos en tercer grado, en estos cuatro primeros meses de ejercicio de la competencia.

Sare pide reiterar el tercer grado

Sare ha confirmado este viernes la convocatoria de manifestación en Galdakao y ha trasladado además una posición concreta: «Si la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Basauri considera que este preso está en condiciones de estar en tercer grado penitenciario e insertado como estaba en el mundo laboral, le pediríamos que obre en consecuencia y vuelva a valorar y reiterar su progresión a tercer grado».

Tilda la acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como un intento más de «obstaculizar el camino a la convivencia en nuestro país. Hay que insistir en que las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, cuando aprueban o rechazan progresiones de grado o permisos penitenciarios, lo hacen teniendo en cuenta criterios profesionales. Y son estos criterios los que la Fiscalía, desconociendo la evolución penitenciaria de Jon Crespo, ha decidido enmendar. Estamos, una vez más, ante una actitud obstaculizadora, basada en criterios políticos y que nos hace retroceder a etapas que necesitamos superar».