Catalunya da una doble respuesta al espionaje político con Pegasus. Por un lado, los líderes políticos catalanes que han sido objeto de esta trama han anunciado este martes que impulsarán acciones legales en tribunales de varios estados. Así lo han dado a conocer en una comparecencia en la sede de Bruselas del Parlamento europeo en la que han participado el expresident Carles Puigdemont (JxC), Oriol Junqueras (ERC), Albert Riera (CUP), Elisenda Paluzie (ANC) y Xavier Antich (Òmnium Cultural). Horas después, el president, Pere Aragonès, ha dicho en Barcelona que la relación con el Gobierno queda «afectada», a la espera de explicación.

(Aragonès, acompañado de su Govern en la rueda de prensa vespertina en Barcelona. Foto: Kike Rincón | Europa Press)

Comenzando por la primera comparecencia, las denuncias se dirigirán a tribunales del Estado español, del francés, de Suiza, de Luxemburgo y de Alemania, ya que el espionaje se habría producido en todos estos territorios. «No habrá nada que quede sin querellar», ha señalado Puigdemont.

También ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que actúe urgentemente y haga rendir cuentas al Estado español, ya que el uso del programa Pegasus contra la disidencia política supone «una violación masiva de derechos fundamentales».

En la misma línea, han emplazado a actuar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya que entre los espiados, presuntamente, hay varios electos de la Eurocámara.

Puigdemont ha destacado que en las relaciones con el Gobierno español «nada puede seguir igual» tras estas revelaciones, mientras que Junqueras ha reclamado a Madrod que  investigue.

Riera, por su parte, ha recordado que el programa Pegasus únicamente se vende a estados.

Citizen Lab y las pistas sólidas sobre España

Junto a Puigdemont, Junqueras y demás representantes catalanes han comparecido al investigador de CitizenLab John-Scott Railton, que ha llevado a cabo la investigación, y el ex Relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión David Kaye.

Railton explicó cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación que ha desvelado cómo más de 60 líderes independentistas fueron objetivo de este software que toma el control del dispositivo infectado, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello.

Esta herramienta de ciberespionaje infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

El investigador señala cómo, en ocasiones, el 'spyware' entraba en el dispositivo a través de mensajes de texto que aparentemente procedían de aerolíneas -tras comprar un vuelo- o de Hacienda o la Seguridad Social españolas, con «mensajes muy convincentes» y que en ocasiones contenían datos específicos de la víctima.

Railton ha apuntado a que, pese a que la investigación no ha podido determinar con seguridad quién está detrás de este espionaje, hay detalles que «apuntan a varias entidades dentro del Estado español».

Son, por ejemplo, el hecho de que las víctimas eran «de interés obvio» para España y que las fechas en las que se infectaron los dispositivos encajan con fechas clave en el procés, cuando las autoridades catalanas impulsaban el referéndum del 1-O que Madrid declaró ilegal.

Kaye, por su parte, ha instado a una moratoria del uso de este tipo de programas y a que la comunidad internacional aborde «cuestiones serias», como si el 'spyware' puede usarse en línea con la legislación internacional de derechos humanos, si existen reglas apropiadas sobre su uso, si las víctimas reciben compensación y si los Estados controlan su uso.

Aragonès: «Quién, por orden de quién y con conocimiento de quién»

Por su parte, tras una reunión especial en que ha analizado el asunto con su equipo de gobierno, el president Aragonès ha comparecido para advertir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que habrá «consecuencias políticas» si la Moncloa «no asume responsabilidades».

Le ha reclamado de entrada que investigue el espionaje en cuya lista de víctimas aparecen 63 líderes y representantes independistas, entre ellos el propio Aragonés.

«Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién», ha dicho Aragonès.

Ha instado a Sánchez a «reparar la confianza dañada» para que la mesa de diálogo no quede congelada.

El president catalán también ha informado de que la Generalitat ha encargado a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya investigar el espionaje para averiguar quién lo encargó y quién lo llevó a cabo, y ha anunciado que llevarán el caso ante el Consejo de Europa, ante órganos internacionales de protección de derechos humanos y ante la Unión Europea, que ya investiga seguimientos políticos en Hungría y Polonia.

Aragonès también presentará una denuncia a título individual por el espionaje que sufrió, según ha detallado, cuando era vicepresidente de la Generalitat –en las semanas posteriores a la sentencia del 1-O– y durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, a inicios de 2020.

Por su parte, el vicepresidente Jordi Puigneró ha asegurado que el coste del seguimiento –indetectable y que solo pueden usar los Estados, ha dicho– pudo superar los 20 millones de euros, según los primeros cálculos: «La represión española tiene un cheque en blanco para combatir el independentismo político».