Que Nafarroa trabajaba en una ley propia para el reconocimiento de los niños y niñas abusados por religiosos cuyos casos han prescrito era algo sabido. No se conocía, sin embargo, del detalle de esa nueva ley, que sigue sin cerrarse. El articulado ha cambiado bastante desde la propuesta original y la última reunión parlamentaria se celebró justo antes de la semana santa donde volvieron a plantearse cambios. Sin embargo, ayer dos medios de comunicación (uno navarro y otro estatal) publicaron coordinadamente el borrador, dándolo prácticamente por definitivo. 

El punto más interesante –y arriesgado– de la ley pasa por la creación de una comisión de verificación, pública y con respaldo institucional. El riesgo está en que en dicha comisión, integrada principalmente por expertos, debe entrar la Iglesia católica, por ser parte que cuenta con las principales herramientas probatorias (archivos, etc.). 

Concretamente, el borrador de ley dibuja una Comisión de Reconocimiento con presencia de dos miembros designados por la Iglesia, otros dos por las asociaciones de víctimas y «cuatro personas con experiencia» cuyo formato de designación todavía se discute. 

La Comisión de Reconocimiento tendrá dos miembros designados por la Iglesia, otros dos por asociaciones de víctimas y «cuatro personas con experiencia».

NAIZ contactó ayer con Maite Quintana, responsable de la Comisión Metropolitana creada por la diócesis de Iruñea tras el afloramiento de decenas de casos en poco tiempo con objeto de verificar si era cierto o no lo que esas víctimas manifestaban. Quintana señaló que la presencia de esos dos puestos para que sean ocupados por personas designadas por las diócesis no les causa sorpresa, sino que es fruto de un diálogo con la consejería de Justicia y Migraciones. Y manifestó su decisión de participar. 

Quintana, asimismo, afirma que la diócesis trabaja «internamente» para solventar el gran problema con el que se encontró la propia Comisión Metropolitana que dirige, que es el de la cadena de responsabilidad. Según el derecho canónico, solo los sacerdotes y los colegios diocesanos responden ante el obispo. Los abusos cometidos órdenes religiosas (maristas, jesuitas, etc.) dependen de los superiores de estas órdenes. 

La idea ahora pasa porque esos dos miembros elegidos por el Arzobispado no solo representen a la diócesis, sino que también cuenten con el visto bueno de las otras órdenes (que suman el grueso de casos denunciados en Nafarroa). De este modo se solventaría el problema de dar reconocimiento a unas víctimas y dejar otras fuera.

Las indemnizaciones

A Quintana, sin embargo, le entran las dudas cuando se le pregunta si, tras pasar por el proceso de verificación (cuyos protocolos también se pormenorizan en la propuesta de ley navarra) a las víctimas les llegará una indemnización. Ahí a la responsable de la Comisión Metropolitana le surgen dudas y cita que, para ello, existen otras iniciativas a nivel estatal, como la presentada por la Conferencia Episcopal a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.  

No cabe obviar que los procesos de reparación en otros países europeos (Alemania, Bélgica, Francia...) sí han incluido indemnizaciones económicas para víctimas, aun en el caso de que las denuncias estuvieran prescritas. No tiene demasiado sentido, pues, un reconocimiento en Nafarroa que no conllevara indemnización, a no ser que la verificación en Nafarroa tuviera después validez en otros foros, como el que protagoniza el despacho de Cremades o el que se plantea construir a partir de la figura del Defensor del Pueblo.

Los procesos de reparación en otros países (Alemania, Bélgica, Francia...) incluyen indemnizaciones, aun para casos prescritos.

La publicación coordinada de los avances en la propuesta de ley navarra ­–quizás algo desfasada, pues al último encuentro para discutir pormenores no acudió nadie de Podemos– coincidió con la firma de un acuerdo de colaboración para otro año más del consejero morado de Justicia, Eduardo Santos, y el presidente de la única asociación de víctimas de abusos a nivel de estatal, Jesús Zudaire, que aseguró esta ley pionera resulta «progresista e inclusiva» y refleja el trabajo de la asociación.