El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua ha solicitado al Departamento de Economía y Hacienda que se adopten las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio por los 28,7 millones que Verter Recycling le debe por los trabajos de búsqueda de los dos trabajadores sepultados y estabilización realizados en el vertedero de Zaldibar, así como a la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa.

En una respuesta del Departamento a una pregunta formulada por Elkarrekin Podemos-IU, recuerda que mediante Resolución de 18 de febrero de 2022 de la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, se exigió a Verter Recycling 2002, S.L., en liquidación, en su calidad de operador de la instalación y obligado a satisfacer los gastos generados, el abono de los costes asociados a las medidas provisionales ejecutadas de forma directa por el Gobierno de Lakua para la prevención y evitación de nuevos daños medioambientales y para garantizar la salud humana como consecuencia del deslizamiento y posterior incendio ocurridos en el vertedero de Zaldibar.

Con fecha 21 de marzo de 2022, la empresa en liquidación interpuso recurso de alzada contra la citada Resolución de 18 de febrero de 2022, recurso que ha sido desestimado mediante Orden de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 25 de marzo de 2022.

Una vez transcurrido el periodo voluntario para el pago establecido por el Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, sin que se procediera al mencionado abono, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha solicitado al Departamento de Economía y Hacienda que se adopten las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio, así como a la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa.

Sin embargo, preguntada por los plazos que maneja el Gobierno para recuperar dichos fondos públicos, la consejería dirigida por Arantxa Tapia señala que «no resulta posible realizar una previsión respecto a los plazos en los que se procederá a recuperar los costes asumidos por el Gobierno Vasco tras el deslizamiento del vertedero, puesto que los mismos dependen del resultado de las distintas actuaciones iniciadas a tales efectos».

Además, y cuestionado por la legalidad de la liquidación de la empresa Verter Recycling, al mismo tiempo que está siendo imputada en un proceso judicial, el Gobierno Urkullu afirma que no le compete emitir pronunciamiento alguno respecto a si la liquidación de una empresa que está en un proceso judicial es legal o no, «puesto que esta es una cuestión que corresponde al orden jurisdiccional».

De momento los responsables de la empresa tampoco han sufrido castigo penal por lo ocurrido, dado que el primero de los dos procesos judiciales en marcha se saldó con un acuerdo por el que se les impuso una condena menor, de seis meses de prisión.