El 1 de julio de 2015 comenzaba su vigencia la Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza». Aprobada tres meses antes en un Congreso con el PP con mayoría absoluta y con el auge de los movimientos sociales (especialmente contra los desahucios) tras la crisis económica y social, este nuevo marco legal constituyó un nuevo dique para la protesta social y ha sido duramente cuestionado por colectivos y entidades internacionales y hasta de la UE.

La promesa electoral de derogarla fue parte de la campaña del PSOE y de Unidas Podemos en 2019 y es uno de los puntos todavía no cumplidos del acuerdo de investidura. La situación actualmente es de traba: en noviembre pasado ambos partidos de la coalición pactaron un proyecto pero luego los aliados parlamentarios, como EH Bildu, el PNV y Esquerra Republicana, siguieron manifestando críticas por la escasa ambición mostrada. La derogación pasaría a ser reforma.

En este contexto es que varios colectivos sociales que han venido reclamando todos estos años la derogación ha realizado una performance frente a la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, con ocasión del séptimo aniversario de la entrada en vigor, según han explicado a NAIZ.

Han estado en el acto representantes de Amnistía Internacional España, Greenpeace España, Defender a quien Defiende (entidad especializada en obstrucciones a la libertad de protesta), el catalán Centre Irídia y Yayoflautas (pensionistas), entre otros. Han posado dos minutos en silencio, amordazados con una cinta azul y con pegatinas en el pecho que mostraban la consigna “Desenmordázate”.

Tras el silencio han leído un manifiesto acordado entre todas las entidades y luego han entonado dos canciones; una de ellas, “Que no somos delito”, que culmina con la frase “Rebélate ante cualquiera mordaza”.

Desde la aprobación hasta diciembre de 2019 se han impuesto en el Estado cerca de 140.000 sanciones por negativa a identificarse y «falta de respeto a la autoridad»

«La reforma de la ley lleva tiempo sin avanzar, se bloquea el proceso de tramitación legislativa una y otra vez. Pero además, tal y como se ha planteado, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para reformarla (…) no plantea eliminar los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje», afirma el manifiesto leído por partes por cada uno de los representantes.

Las entidades han denunciado que «desde la aprobación de la ley y hasta diciembre de 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse (el 36.6) y faltas de respeto a la autoridad (el 37.4), suponiendo el 70 por ciento del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana».

Los colectivos critican al Gobierno estatal por no estar derogando estos dos artículos que dejan la puerta abierta «a actuaciones arbitrarias» y que tampoco elimina el 36.23 sobre la difusión de imágenes de la actuación policial y las trabas a su difusión. También exigen que se incluya en el nuevo texto la prohibición de la utilización de las balas de goma.

«Burorrepresión»

En conversación con NAIZ, Serlinda Vigara (de Defender a quien Defiende), ha criticado que «la propuesta de reforma que por ahora está encima de la mesa no reforma de manera garantista de derechos, lo que hace es sólo maquilar la ley que tenemos desde 2015».

Serlinda Vigara: «Algunas entidades, sobre todo antidesahucios, están ahogadas con estas multas»

En ese sentido señala que los artículos mencionados previamente «se utilizan más para ‘burorreprimir”, que es cuando se castiga a través de multas administrativas». «Esto es importante porque se produce un efecto en las personas activistas que es que tengan temor», añade, y recuerda que las multas van desde los 600 hasta los 600.000 euros: «Algunas entidades, sobre todo las que luchan contra los desahucios, están ahogadas por estas multas».

Por su parte, la portavoz del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, Siham Korriche, ha dicho a NAIZ que exigen «la derogación total de la Ley Mordaza» porque en ella «están previstas las redadas por perfil étnico, que son profundamente racistas y lo único que hacen es violentar de manera sistemática y perpetuar el racismo institucional».

«Estas redadas son técnicas normalizadas, esta ley da un marco legal a esto que ya existía, sólo que le ha dado un justificante detrás», lamenta. Y explica que las redadas «buscan perfiles principalmente de personas no blancas, afrodescendientes y magrebíes».

Las entidades se han reunido hace dos días con los grupos parlamentarios proclives a la aprobación de una reforma (todos menos PP y Vox), aunque a la citación se han ausentado el PSOE y el PNV, informan fuentes de los colectivos que han estado presentes. La negociación para más cambios sigue avanzando poco a poco.

De hecho, fuentes de Unidas Podemos preguntadas por NAIZ han informado que el texto pactado en noviembre con el PSOE «será superado» por las nuevas enmiendas que se incorporarán y que dos de los artículos más cuestionados tendrán modificaciones. Pero piden discreción por la etapa de «preponencias», ya que la Comisión de Interior ha dejado de convocar las ponencias sobre la Ley Mordaza hasta que no haya nuevos acuerdos.