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La verdad, herramienta para avanzar hacia una «paz grande» en Colombia

Tras tres años de investigaciones sobre las causas, responsabilidades y consecuencias del conflicto armado colombiano, ayer se presentó en Euskal Herria, en el Bizkaia Aretoa de Bilbo, y para toda Europa, el informe final de la Comisión de esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

 Los comisionados Carlos Martín Beristain, coordinador del Informe Final, y Alejandro Valencia presentaron el Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia y se lo entregaron oficialmente a la consejera de Lakua Beatriz Artolazabal.
Los comisionados Carlos Martín Beristain, coordinador del Informe Final, y Alejandro Valencia presentaron el Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia y se lo entregaron oficialmente a la consejera de Lakua Beatriz Artolazabal. (Monika DEL VALLE | FOKU)

La sala Mitxelena del Bizkaia Aretoa de Bilbo era ayer un punto de referencia para todos aquellos que tienen como prioridad la paz en Colombia asentada sobre el respeto por la vida y la dignidad, y el logro del buen vivir para todos y para todas como horizonte. Los comisionados Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia fueron los encargados de presentar el informe final “Hay futuro, si hay verdad” de la Comisión de la Verdad de Colombia, una contribución de gran valor orientada a definir una agenda de futuro para avanzar en un diálogo sobre la transformaciones que necesita el pueblo colombiano.

Una herramienta para ayudar a poner fin a las confrontaciones armadas que persisten, para superar los factores de esa persistencia, para contribuir a la reconstrucción de confianza entre la sociedad y las instituciones, para avanzar hacia la reconciliación y las garantías de no repetición del conflicto armado.

La tragedia de un conflicto armado, conviene recordarlo, en el que el 80% de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos de un 2% de las muertes ha ocurrido en combate. Ayer, desde Bilbo, se transmitió a toda Europa un mensaje de verdad, una invitación a superar el olvido, el miedo y el «odio a muerte», para que esos factores no amenacen el futuro de un país vulnerable.

«Proyecto nacional».

La síntesis de las recomendaciones que desarrolla exhaustivamente el informe incide en «la paz grande» como una prioridad a largo plazo que debe convertirse en «un proyecto nacional» que garantice derechos a todas y todos por igual, que se construye desde el territorio y con las comunidades, y que tiene al diálogo como herramienta principal para «tramitar diferencias y resolver conflictos». Una paz que permita la reconciliación y reconstruir confianzas entre diferentes y de la ciudadanía con las instituciones.

Por otra parte, considera imperativo reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias. Y reconocer así mismo la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que se comparte como sociedad. Y eso implica comprometerse en la reparación integral de las más de nueve millones de víctimas que ha dejando el conflicto armado en Colombia, incluyendo a las que por primera se reconocen en el informe final, las víctimas del exilio.

LLAMAMIENTO
«Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, a quienes han aceptado responsablidades éticas, políticas y penales».

Otra de las bases para la construcción de «la paz grande» se fija en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz que permitió que más de 12.000 hombres y mujeres decidieran abandonar la lucha armada y apostar por la democracia. La oportunidad que abrió, en palabras de la Comisión de la Verdad, «está en riesgo». En ese sentido, se insta particularmente a retomar la negociación con el ELN de forma efectiva.

Examen crítico del pasado

Otro de los puntales que subraya el informe es la realización de un examen crítico del pasado para construir sobre él un futuro en paz, una política de memoria y verdad que comprometa al Estado y a la sociedad. La apuesta por reconocer, apoyar  y promover iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de una memoria viva y plural que rompa con el pasado de estigmatización, justificación o negacionismo.

A su vez, se insta a replantear el problema del narcotráfico, a reconocer que «la guerra contra las drogas» ha sido uno de los factores más relevantes en la persistencia del conflicto armado, con altísimos impactos negativos a nivel político, social y ambiental. Y aboga por poner en marcha propuestas hacia la regulación rigurosa del mercado y del consumo bajo control estatal.

Además, se insta a «recuperar el valor de la justicia para reivindicar la legalidad», como vía para la convivencia, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la reconstrucción de la confianza en el Estado. Asimismo, se apuesta por otro enfoque, otra visión de la seguridad como base para la construir la paz, considerándola como bien público y alejándola de «lógicas del conflicto armado». En ese marco, se pone especial énfasis en la «transformación» del sector de la seguridad y, en concreto, del papel de la fuerza pública.

Sacar las armas de la política

La exclusión definitiva de las armas de la política es considerado un eje de futuro, una vía para abrir espacios, ofrecer reformas y dignificar la propia política. En ese sentido, la paz necesita nuevas herramientas, una ruptura con el pasado mediante «una conmoción positiva» y no una visión fragmentada del camino de la reconstrucción de la convivencia. Y para responder a ese desafío, se sugiere la necesidad de construir «un ministerio o un ente» que impulse esas políticas.

TRES LECCIONES
Para el Foro Social Permanente, son tres las lecciones principales: reconocer el daño causado con gestos simbólicos fuertes de las FARC y del Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz al objeto de aplicar la justicia transicional y la búsqueda de la verdad a través del la «Comisión de la Verdad».

Se anima, finalmente, a tomar el legado de la Comisión de la Verdad, que se materializa en sus recomendaciones y en sus propuestas, como base para la reflexión y la acción social y política respecto a asuntos fundamentales de la historia, del presente y de la posibilidad de la vida en común hacia el futuro. Este legado permanecerá accesible en el informe que ayer se presentó en Bilbo, «en su archivo, su transmedia y su exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia».

Temor, ira y desconfianza

«Liberar nuestro mundo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras y las desconfianzas» y «sacar las armas del espacio venerable de lo público» es uno de los ejes del llamamiento del informe final. Una llamada a «tomar distancia» de los que meten fusiles en la política, «a no colaborar con los mesías» que pretenden «apoyar la lucha social legítima con ametralladoras». Se convoca a los cuatro vientos a «proteger todos los derechos humanos» y a poner las instituciones «al servicio de la dignidad de cada persona». «A asumir juntos» la responsabilidad de los cambios sociales e institucionales que la convivencia exige, «como se estableció en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP». Y se insiste en abrir ese acuerdo al ELN y a otros grupos armados.

Por último, sin pretender acabar con el debate legítimo entre quienes mantienen el statu quo y quienes quieren cambiarlo, se exhorta a tomar conciencia de que hay que dejar de estar atrapado en un «modo guerra» a la hora de ver el mundo y de relacionarse con los otros. Esa forma de pensar ha posibilitado «aberraciones» en Colombia y, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad, «imposibilita la aceptación de responsabilidades éticas y políticas» y hacerlo «con la sinceridad del corazón».

DEMANDA DE VERDAD
El Foro Social entiende que una Comisión de la Verdad en el caso vasco sería un «instrumento interesante» para responder a las demandas de verdad de las víctimas del Estado que, según datos oficiales, son 364 muertes (con un 38% de casos sin resolver o esclarecer), además de cientos de heridos y 4.113 torturados.

El informe habla de un convencimiento de que hay un futuro para «construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias». Habla de que no se puede aceptar, de ninguna manera, «la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas». De que no se puede seguir en el conflicto armado, «que se transforma todos los días y nos devora». En definitiva, que se no puede postergar, como ya se hizo «después de millones de víctimas», el día en que «la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento», como se recoge en la Constitución de Colombia. 

Todo esto es lo que trasmite el informe final de la Comisión de la Verdad que ayer se presentó para Europa desde Euskal Herria. La vía ya está marcada para que las potencialidades de Colombia no continúen flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta.