Un informe elaborado por el Órgano Estadístico Específico de la Dirección de Servicios del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal sobre la mortalidad causada por el covid-19 en residencias para personas mayores en 2020 y 2021 constata que el virus mató a mas personas ancianas en los centros en los que hay menos trabajadores por cada residente ingresado.

En concreto, asegura textualmente que «en este tipo de centros se observa un exceso de defunciones del 37,5% en 2020 y del 23% en 2021, muy por encima de las cifras del 3,5% y 6% en este último año que se observan en los centros con ratio de personal media y alta (24,7% y 32,8% en 2020)».

Lo llamativo es que el informe, que ha sido redactado por el propio Gobierno de Lakua, no se ha hecho público ante los medios de comunicación. Simplemente se ha remitido al Parlamento en los últimos días de julio, cuando el dossier tiene fecha del 6 de mayo. Quizá todo pueda entenderse mejor si se conoce que en las dos últimas legislaturas PNV y PSE han ido rechazando las propuestas que se han hecho para regular y aumentar el ratio de trabajadores por persona anciana residente.

1.680 muertes atribuibles al covid-19 o asociadas a él

El informe detalla que en la Comunidad Autónoma Vasca se produjeron, entre el inicio de la pandemia y el 26 de setiembre de 2021 (periodo que abarca el informe), un total de 1.680 muertes atribuibles al covid-19 o a causas asociadas a él. En la CAV hay 307 centros, con un total de 19.411 plazas ocupadas por distintas personas durante los años 2020 y 2021. Según el informe, se contagiaron 8.377 personas, algunas de ellas más de una vez. Esto supone una tasa de contagio del 34,35% para el conjunto de la población atendida en estos centros.

El estudio recoge que «en la población general de Euskadi (incluidas todas las edades, también al colectivo de población menor de 65 años), se produjeron 264.574 contagios (por única persona) y 4.730 defunciones de personas que habían tenido una prueba diagnóstica positiva en los dos meses previos». Pero «en la población usuaria de residencias para mayores las cifras equivalentes fueron 7.914 contagios y 1.124 defunciones de personas con una prueba diagnóstica positiva».

Esto supone que «mientras que un 3,2% del total de contagios en la CAV se ha producido en la población usuaria de residencias para personas mayores, ha correspondido a esta población un 35,5% de los fallecimientos con una prueba diagnóstica positiva».

Ratio y servicio médico influyen

El propio trabajo del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales reconoce que el ratio de trabajadores por residente y que los centros cuenten o no con asistencia médica influye en la mortalidad por covid-19.

Asegura que en los centros con menor atención «la tasa de mortalidad supera en 2021 en 4,90 puntos porcentuales la de 2019, por encima de las cifras de 0,89 y 1,97 que se observan en centros con ratios de atención medias o altas». Y recoge específicamente que «se trata sin duda de uno de los aspectos de mayor interés para evaluar el impacto diferencial de la mortalidad por tipos de centros».

A esto añade que «la línea tendencial observada respecto al ratio de personal es similar en muchos aspectos en el caso de falta de disponibilidad de servicio médico en el centro. En este caso, se observa un aumento de 3,30 puntos porcentuales en la tasa de mortalidad entre 2019 y 2021 que supera el incremento de 2,10 puntos porcentuales en los centros que sí disponen del servicio en el centro».

Peticiones desoidas por PNV y PSE

Que el Departamento de Beatriz Artolazabal no haya hecho público este informe puede tener relación con el hecho de que PNV y PSE han venido votando reiteradamente en las dos últimas legislaturas en contra de las propuestas de la oposición, específicamente de EH Bildu, exigiendo que se ampliaran y regularan los ratios de trabajadores por residente y de los tiempos de atención directa.

Por otra parte, el 23 de octubre de 2019, a partir de una moción de EH Bildu y una enmienda del PP, el Parlamento aprobó, con el voto en contra de PNV y PSE, revisar el decreto 126/2019 de centros residenciales de personas mayores modificando «aquellos aspectos que sean necesarios para proporcionar una atención adecuada». Y, entre ellos, se especificaba el «establecimiento de ratios de personal adecuados diferenciando los diferentes niveles de dependencia y las especificaciones de las unidades psicogeriátricas y sociosanitarias».

Según fuentes parlamentarias, esta revisión del decreto debía estar ya presentada, pero casi tres años después no hay ninguna noticia sobre ella. El 12 de abril de 2021, Beatriz Artolazabal respondió a EH Bildu que se pretendía «analizar a corto plazo» con los «aprendizajes de la pandemia». Desde entones han pasado más de quince meses.