El 19 de diciembre de 2019 el Tribunal Correccional de París dió a conocer su decisión en relación a las seis personas detenidas en la operación de obstaculización del desarme de ETA llevada a cabo por la Policía francesa en la localidad bajonavarra de Ortzaize.

Para Grazi Etxebehere pidió 18 meses de prisión, 12 de ellos exentos de cumplimiento; Para Jeff Mateo y Terexa Lekunberri, 12 meses, exentos de cumplimiento; para Xabier Goienetxea, 9 años de cárcel y 8 años para Iñaki Reta, en ambos caso con 2/3 de cumplimiento.

Fueron finalmente los dos militantes de ETA, Iñaki Reta y Xabier Goienetxea, que realizaban labores ligadas al desarme, los que se vieron condenados a siete años de prisión.

En Ortzaize se juzgó a quienes albergaron a los que hacían labores cara al desarme, en una operacion en la que los estados se reivindicaron como saboteadores de un proceso hacia el final de ETA que no les encajaba del todo bien en sus planes.

En el juicio celebrado el jueves y viernes en París, salvadas las distancias, se ha vuelto a juzgar el periodo más complejo de ese proceso que, como hoy recoge en su editorial GARA, fue un éxito.

Porque sacó las armas de la ecuación vasca y dibujó una oportunidad, ni la mejor ni la más infalible, pero una oportunidad para construir un escenario de paz y convivencia.

Y en esas está, once años después, el país que atesora la vía vasca a la paz.

El fiscal puso en duda que existiera certeza sobre las intenciones de ETA en el periodo 2011 y 2015. No le convenció, a lo que se ve, toda una Conferencia Internacional de Aiete, ni el consiguiente anuncio de abandono de las armas por ETA, ni los informes de una Comisión Internacional de Verificación (CIV)... Cuando la razón se topa con el mero acto de fe, se apaga la luz.

Pero avancemos, que de eso se trata.

En el juicio de Ortzaize, la Fiscalía se despegó con unas peticiones que fueron más elevadas que las que luego retendría el juez, que tomó la decisión clara de no encarcelar a los vecinos.

En 2019 el Ministerio Fiscal no se cuestionó a si mismo ni se explayó en explicaciones. En 2022, un 2 de septiembre en París, en el mismo Tribunal Correcional, el fiscal precisó, sin embargo, de hora y media de oratoria para mantener un equilibrio titubeante.

Pidió al juez que condenara, pero con mesura, a Nathalie Chasseriaux y Enrike López, porque, dijo, «la voluntad perceptible de los autores era la de llegar, finalmente, a la reconciliación».

El fiscal desactivó la vía de la prisión, al calcular sus penas de modo que los dos encausados no debieran regresar a la cárcel, y el juez le secundó. Impuso tres años, dos exentos de cumplimiento a Lopez -que al haber pasado ya un año encarcelado no volverá a prisión- diecicho meses, todos exentos de cumplimiento, a Chasseriaux.

Decaen dos de las cuatro acusaciones

Para ello, de las cuatro acusaciones en la sentencia se retuvieron dos, renunciándose expresamente a la ligada al transporte y depósito de un arsenal. Se guardó como percha la acusación de «pertenencia a organización terrorista», insostenible, y el encubrimiento de delito.

A fuerza de nadar en aguas revueltas, y de querer persistir en un relato que no deja precisamente al Estado francés, y a su tradición en materia de diplomacia de la paz, en un buen lugar, el fiscal se reivindicó en el error pero sin poder -o querer- ya asumir el costo.

Esa linea fina fue la que trazó en su informe de conclusioness, claro está insuficiente y hasta decepcionante para una defensa que se dejó la piel en exponer, dato a dato, y pericial a pericial, los pasos dados para completar el objetivo de inutilzar el arsenal de ETA.

Y sobre ese lenguaje ambivalente se apoyó el juez para condenar sin sumar un castigo más.

Y en su alegato, de justicia es reseñarlo, reconoció la altura del reto que asumía el tribunal que no era otro, verbalizó, que «dar una respuesta judicial a hechos calificados como delitos graves pero también tener en cuenta y quzás sumar al clima de paz actual en el País Vasco».

Así de ligero es el movimiento, y tan suave el matíz a que alcanza un tribunal en un Estado que rehuye la introspección sobre lo actuado y cuyos dirigentes no terminan de asumir la responsabilidad que comporta el tránsito, se por bellas avenidas o por angostos caminos, hacia la paz.