La renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo ha tenido lugar después de que la Justicia mexicana ordenara el mes pasado la detención de más de 80 personas involucradas en el «caso Ayotzinapa», incluyendo el exfiscal general y varios mandos militares, en una de las acciones más importantes llevadas a cabo hasta el momento en torno al caso.

Y ha ocurrido, además, coincidiendo con el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero, que se cumplió el lunes, día 26 de septiembre.

Desde entonces los arrestos de agosto, la Fiscalía solo ha ejecutado cuatro detenciones y habría desistido de al menos una veintena de ellas, según han informado los familiares de los desaparecidos.

«El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión», señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el martes durante su habitual conferencia de prensa matinal.

Superiores de Gómez

De inmediato, los familiares de las víctimas denunciaron que la renuncia del fiscal especial «evidencia la injerencia indebida» de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General de la República (FGR), según un comunicado del Centro Prodh, la ONG que los asesora legalmente.

Las familias atribuyen también a superiores de Gómez «la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión», situación que consideran «en extremo preocupante para seguir adelante en el proceso de justicia del caso».

La renuncia se confirmó un día después del octavo aniversario de las desapariciones, cuando miles de personas marcharon en Ciudad de México para denunciar que el Gobierno está dando «señales que no van en la dirección de los compromisos que hizo» para esclarecer el caso, ha asegurado el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

En respuesta, López Obrador pidió a las familias de los estudiantes «que tengan confianza» en las autoridades para «continuar con la investigación».

El presidente devolvió el caso al primer plano con la creación de una Comisión de la Verdad, conformada al inicio de su mandato en diciembre de 2018.

Su primer informe, presentado el pasado 18 de agosto, refuta la llamada «verdad histórica» de los hechos que planteó el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que era rechazada por los familiares.

La investigación acredita la participación de militares en el crimen y desembocó en la detención del exfiscal general Jesús Murillo Karam, gestor de la «verdad histórica», y tres militares, incluido un general.