El expresident de la Generalitat de Catalunya y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, ha denunciado este jueves en el Parlamento Europeo junto a parlamentarios de ERC y Junts el espionaje con el software Pegasus que destapó el centro ‘Citizen Lab’ en un informe en abril, cuya veracidad han puesto en cuestión miembros del PP y Ciudadanos.

En una sesión especial de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje de Pegasus en la que han intervenido eurodiputados afectados, el líder de Junts ha denunciado el espionaje, después de que once personas de su entorno vieran infectados sus dispositivos, según los resultados arrojados por ‘Citizen Lab’.

Puigdemont ha denunciado la «intromisión ilegal» que sufrieron personas como su esposa y sus abogados con el objetivo de recabar información para poderla usar «de forma política en algún momento». «No se pueden atribuir a nadie en concreto y eso genera pánico, si pudiéramos hacer una trazabilidad todos estaríamos más tranquilos», ha señalado, apuntando que estos casos dejan «a la intemperie e indefensos» a las propias víctimas.

La misma línea ha asumido el exconseller Toni Comin que ha pedido a la comisión parlamentaria arrojar luz sobre quién está detrás del espionaje y qué información se sustrajo. A su juicio, el seguimiento de más de 60 personas vinculadas al independentismo es «incompatible con los valores europeos» y supone una «traición a los principios de la Unión», tras asegurar que España fue el primer Estado que compró este software y de utilizarlo de forma masiva contra el entorno independentista.

Mientras, Diana Riba, eurodiputada de ERC y vicepresidenta de la comisión que estudia el espionaje de Pegasus, ha recalcado que si hay una autorización de un juez para realizar el seguimiento, entonces las autoridades deberían explicar cómo se justifica espiar a un eurodiputado con inmunidad plena, como es su caso.

Explicaciones a la empresa israelí NSO

Por ello, ha incidido en que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pida explicaciones a la empresa israelí NSO sobre el uso de la herramienta Pegasus, que la comisión de investigación establezca un protocolo de actuación para proteger a eurodiputados frente a estos ataques y que acuerde una misión a España para investigar en el terreno la situación, a la vista de la dimensión del espionaje a dirigentes independentistas catalanes.

Su compañero de filas Jordi Solé ha pedido llegar hasta el fondo de la cuestión y ha subrayado que las autoridades españolas no pueden aducir cuestiones de seguridad nacional para no aportar información. «Esto es un muro, un agujero negro. Si alguien alega eso en nuestro caso estaremos ante un problema de inseguridad jurídica y democrática», ha expuesto.

Malestar de PP y Ciudadanos

Justo después se ha vivido un tenso debate entre los parlamentarios españoles en la sala, en concreto con el representante del PP y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha rechazado «lecciones de Estado de Derecho» de los políticos independentistas y ha sembrado dudas sobre la credibilidad del informe de ‘Citizen Lab’.

Según Zoido, los hallazgos del trabajo del laboratorio canadiense son «una maniobra política orquestada» y ha vinculado a uno de los autores del informe con el independentismo catalán. Así, ha subrayado que meses antes se registró un dominio web y se hicieron grabaciones publicitarias sobre el supuesto espionaje, concluyendo de esta forma que el caso no es «fortuito».

En su intervención, el exministro del Interior también ha atacado a ERC por mantener el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que son «cómplices» del mismo caso que denuncian, y ha acusado a los independentistas de «victimizarse» con el posible espionaje una vez su proyecto político ha fracasado.

Por su lado, Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha afeado que los eurodiputados llegaran con «conclusiones previas» a la comisión, asegurando que el objetivo es arrojar luz sobre el caso, para luego protagonizar un cara a cara con Puigdemont por los contactos de su entorno con personas cercanas al Kremlin, para supuestamente ofrecer apoyo a la independencia de Cataluña.