En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha quedado este viernes visto para sentencia el juicio a Torrent –actual conseller de Empresa– y a los ex miembros soberanistas de la Mesa en la pasada legislatura –Josep Costa, Adriana Delgado y Eugeni Campdepadrós–, para quienes la Fiscalía ha mantenido su petición de 20 meses de inhabilitación por desoír al Tribunal Constitucional español al tramitar resoluciones sobre la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

Torrent (ERC) ha intervenido en el último turno de la palabra para advertir de que este juicio va más allá de lo que implica para los cuatro acusados o para la anterior Mesa del Parlament, ya que considera que es un «aviso a futuro» que puede tener efectos sobre las bases del parlamentarismo y pone en riesgo la libertad de expresión e ideológica.

Según el expresidente del Parlament, la «desproporción» en la respuesta penal que ha sufrido en este procedimiento genera un «riesgo adicional», porque «en realidad» lo que se está planteando es, «a través de la muerte civil y política» de los que en algún momento representan a un movimiento político –en este caso el independentismo– su propia «extinción».

Minutos después de que el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio denunciara que los acusados actuaron como una «especie de casta» y que se creían «impunes», Torrent ha replicado que no entiende la inviolabilidad parlamentaria como una «impunidad», sino como una protección que hace efectiva la separación de poderes.

«La inviolabilidad nace para proteger a los diputados de las represalias por sus opiniones políticas. Este caso es especialmente sangrante, porque la inviolabilidad se ideó para defender a los parlamentos de las injerencias y abusos del rey, de la monarquía, y defender la separación de poderes», ha alegado Torrent, en alusión a que una de las mociones que tramitaron, sin que los servicios jurídicos les pidieran que la paralizaran, reprobaba a la monarquía.

Torrent ha insistido en que los parlamentos se crearon para resolver conflictos sociales a través del debate y que censurar la iniciativa parlamentaria y «criminalizar» su actividad pone en riesgo los fundamentos y la base del parlamentarismo.

«Los parlamentos existen para trasladar a las cámaras los debates de interés público y político que interesan a la ciudadanía», ha subrayado Torrent, que también ha replicado al fiscal y ha afirmado que las resoluciones que tramitaron no son «ningún juego» ni expresiones «lúdicas».

«Una injerencia en el funcionamiento normal de una Cámara»

Por su parte, el exdiputado de JxCat Eusebi Campdepadrós ha denunciado que está siendo víctima de un «juicio político» y ha atribuido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la decisión de impulsar la querella por desobediencia en momentos en que le convenía electoralmente.

Según Campdepadrós, el incidente de ejecución que dio pie al proceso lo decidió el Gobierno en noviembre de 2019, en un momento en que el Estado español estaba abocado a la repetición electoral, y la querella no se presenta hasta marzo de 2021, coincidiendo con los resultados de unos comicios catalanes que «no gustaron» al Ejecutivo.

«Esto también deja claro que estamos ante un juicio político», ha denunciado el exdiputado, actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, tras advertir de que la causa supone «una injerencia en el funcionamiento normal de una cámara parlamentaria».

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el TSJC ha recordado al exdiputado de JxCat Josep Costa que «puede comparecer» en la última sesión después de que este jueves abandonara la vista al no reconocer la «autoridad» de la sala.

Costa, que es abogado de profesión y ejerce su propia defensa, participó en las cuestiones previas de la primera jornada del juicio, pero ayer decidió abandonar la vista, después de que el TSJC rechazara su petición de que se anulase el proceso.