El 9 de noviembre de 2012, la vecina de Barakaldo Amaia Egaña se quitó la vida cuando iba a ser desahuciada. Pasados ya diez años, colectivos sociales y sindicales alertan que los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para la familias barakaldesas afectadas.

Así lo han recordado este miércoles el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, CGT y CNT en una concentración ante el Palacio de Justicia de Barakaldo para recordar y homenajear a Amaia Egaña.

Según han informado, un total de 2.027 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de estos diez años y, en promedio, son cuatro las familias que cada semana padecen esta situación. Además, el 87% son desahuciadas de una vivienda de alquiler. «Así de grave es problema del acceso a una vivienda en el municipio», han expresado.

En esa línea, han demandado a las administraciones la aplicación del protocolo frente a los desahucios acordado en 2013, tras la muerte de Egaña. por el Gobierno de Lakua, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Este protocolo establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio. Sin embargo, los colectivos sociales han denunciado que este protocolo no se está aplicando.

Por ello, han exigido a todas las Administraciones públicas que apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual.

Además, han instado al equipo de Gobierno de Barakaldo a dar marcha atrás a su «política de recortes» en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio.

«La vivienda no puede ser un mercado especulativo, es un derecho», han concluido los colectivos.