La plataforma contra la exclusión Berri Otxoak ha denunciado este miércoles en Barakaldo el desahucio de una mujer de 52 años, desempleada, perceptora del Ingreso Mínimo Vital y con una hija de 15 años a cargo. El juzgado ha emitido una orden de desalojo de la vivienda alquilada en la que residen para el viernes 30 de diciembre a las 9.15, por la cual debían pagar 700 euros cada mes.

Ante este hecho, activistas sociales convocados por la asociación contra la precariedad y la pobreza se han movilizado ante el Ayuntamiento «por el derecho a una vivienda digna» y contra los desahucios.

Berri Otxoak recuerda que cada semana se produce una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 2.027 desahucios desde que el 9 de noviembre de 2012 la vecina Amaia Egaña se quitara la vida en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Urban.

Los servicios sociales, al igual que Alokabide, «no han atendido la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer, amenazada con quedarse en la calle», han criticado.

La mujer afectada «lleva varias semanas intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Servicio Vasco de Vivienda den una respuesta a su desahucio y le ofrezcan acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, como exige la actual legislación».

Así, denuncian que nuevamente el gobierno local y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Lakua «incumplen la legislación frente a los desahucios, aprobada en 2013 tras la muerte de Amaia Egaña y renovada en febrero de 2019 por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y Consejo General del Poder Judicial». Dicha normativa, explican, establece que se debe dar una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio motivado por una falta de recursos económicos.

Las personas concentradas han denunciado que «las Administraciones Públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen el acceso a una vivienda cuando su carencia afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay menores perjudicados».