Tras una investigación de ocho meses realizada por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, y liderada por el senador Jon Ossof, ha revelado que la Agencia Federal de Prisiones estadounidense (BOP, en inglés) ha abierto 5.4105 casos de asuntos internos por denuncias de abuso entre 2012 y 2020.

Muchos de estos casos tardaron años en resolverse y otros aún no se han cerrado.

El informe, respaldado por entrevistas con docenas de denunciantes, funcionarios penitenciarios actuales y anteriores y sobrevivientes de abuso sexual, detalla que estos retrasos en la resolución de denuncias «han impedido la capacidad del BOP de obligar a sus empleados a rendir cuentas».

Los funcionarios de prisiones abusaron de las reclusas en al menos 19 de las 29 instalaciones federales que han detenido a mujeres durante la última década; en al menos cuatro prisiones, los administradores no aplicaron la ley federal destinada a detectar y reducir la agresión sexual; y habría, al menos, otros 3.000 casos de «mala conducta» que aún no se han investigado, según revela ‘The New York Times’.

Los legisladores se han fijado especialmente en cuatro prisiones, dos de ellas en el estado de Nueva York, una en Florida y una en California, donde se han registrado abusos sexuales a mujeres presas por parte de varios empleados federales.

Según el informe, estas mujeres «sufrían abusos de manera repetida durante meses o años».

El informe critica al Departamento de Justicia por no presentar cargos contra muchos de los acusados de abusar de reclusas en la unidad de mujeres ahora cerrada en Coleman, en la zona rural de Florida Central. También critica a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, asignada para revisar las denuncias de abuso, por negarse a investigar a seis oficiales varones en Coleman acusados de abusar de los presos. Los seis oficiales «ya habían admitido haber abusado sexualmente de prisioneras bajo su supervisión», escriben los autores del informe. Pero ninguno de estos seis oficiales ha sido procesado.

Los legisladores concluyeron que la agencia ha sido incapaz hasta ahora de detectar o prevenir estos casos de abuso sexual en las prisiones federales del país.