Colectivos LGTBIQ+ de Nafarroa se han concentrado esta tarde ante el Parlamento para denunciar los recortes en la nueva licitación pública del servicio LGTBI+ del Gobierno navarro, Kattalingune.

Según han explicado, en Kattalingorri llevan más de 20 años «de lucha y defensa» de los derechos de las personas LGTBI+ y el servicio de atención LGTBI+ que ya ofrecía la asociación a través de voluntariado dio en 2016 «un paso enorme» al firmarse un convenio con el Gobierno foral para poder profesionalizarlo. «Hace poco más de un año esta apuesta pareció confirmarse, al concederse finalmente un local en Iruñea para ofrecer el servicio».

Sin embargo, han denunciado, este último año ha sido «un año de completas incertidumbres» y el paso de convenio a licitación pública que se está llevando a cabo «ha llegado cargado de sorpresas: un recorte económico sustancial, de 220.000 euros en 2022 a 205.000 euros en 2023, junto con un incremento de las horas de atención, que lleva a que, en las condiciones actuales, el servicio tenga que pasar de 7 profesionales a tan solo 4».

«El Gobierno de Navarra y el INAI se enorgullecían hace poco de la apuesta por la descentralización: ¿dónde queda ahora? ¿Cómo se va a cubrir ningún horario en los pueblos, si apenas se van a poder atender Iruñea?», han preguntado.

Ante ello, han señalado que «no ha sido nada fácil decidir que Kattalingorri no se presente a este pliego» y son «conscientes de que esta decisión puede suponer la pérdida de gestión de los servicios, con todo lo que eso conlleva», pero han advertido de que no están dispuestas «a pasar por el aro».

«Con este recorte de recursos y personal perdemos calidad de atención, volvemos a centralizar un servicio que necesita ser cercano, muy especialmente en la Navarra rural», han lamentado.

Han criticado asimismo las formas en las que se ha hecho la licitación, con «un pliego publicado tarde y mal, que actualmente no se ha resuelto ni se podrá resolver antes de la finalización del convenio con Kattalingorri».

«A 27 de diciembre, el INAI aún no ha confirmado qué va a suceder el 1 de enero, con qué forma jurídica o qué recursos se va a mantener el servicio abierto. Ni tan siquiera ha confirmado que se vaya a mantener abierto», han asegurado.

Tras recalcar que «no se puede jugar así con el trabajo y el sueldo de la gente ni con las vidas de las personas LGTBI+», han tendido la mano al Instituto Navarro para la Igualdad y han subrayado que están dispuestas «a escuchar y a negociar», y «a seguir trabajando y luchando por un servicio digno público y de calidad».