El año pasado la pandemia acabó impidiendo finalmente una movilización masiva en Bilbo y Baiona, como pasó también en 2021. Este 7 de enero Sare vuelve a la carga con fuerzas renovadas en la capital vizcaina, tras tres años en que la dispersión y el primer grado han quedado atrás pero las excarcelaciones en aplicación regular de la ley se siguen saboteando. Joseba Azkarraga tiene la fotografía exacta por su implicación diaria en el tema, en genérico y en particular, con casos muy concretos.

Empecemos por lo más reciente y grave. Era un escándalo que los presos estuviesen siendo reencarcelados tras terceros grados, y ahora ni siquiera eso: un mero recurso fiscal casi podrá impedir la salida.

Seguimos en situación de excepcionalidad. Un día sí y otro también nos encontramos con decisiones judiciales que buscan confrontar con la mayoría de la sociedad vasca, que quiere fórmulas legales para superar esta situación. Hay casos que deberían estudiarse en las facultades de Derecho como ejemplos de lo que no puede hacer un ámbito judicial: el de Joseba Arregi, o el de Xabier Atristain...

Con Atristain, Europa enmienda la plana al Estado español por impedir su derecho de defensa, le hace abonarle una cantidad, y va ese Estado y lo paga pero lo vuelve a meter a la cárcel. Se está cometiendo un delito, y no precisamente Atristain, sino los tribunales que toman esas decisiones. Joseba Arregi, un hombre de 76 años, con más de 30 de prisión efectiva, pasa meses en libertad con pulsera telemática y ahora lo devuelven a prisión; oigan, pero ¿por qué? ¡Si las juntas de tratamiento han dicho lo contrario!

A esto lo llaman unificación de doctrina, pero ¡qué casualidad que cada vez que unifiquen doctrina sea para perjudicar al reo, cuando lo habitual es precisamente lo contrario!

«In dubio pro reo»...

...pues aquí no, siempre es en contra. Esos recursos de la Fiscalía ya eran sistemáticos, pero no tenían un efecto de suspensión de la salida hasta que el juez lo estudiara. Podían pasar varios meses, como ocurrió con Arregi. Ahora se impide también esto, y siempre todo es diseñado ‘ad hoc’ contra los presos vascos.

Por otro lado, los recursos de la Fiscalía demuestran implícitamente que no hay argumentos reales contra el tercer grado, porque todo es un disparate: «los presos no se han desligado de ETA», ¡pero si ETA no existe!; «no abonan la responsabilidad civil subsidiaria», ¡pero si quienes no tienen salario mínimo están exentos, y encima estos están expresando su voluntad de pagarla!; «sus cartas no son creíbles», ¿quién puede evaluar la conciencia de los demás?; y «no han pedido perdón», ¿cuándo vamos a dejar de retorcer las palabras en vez de hacer caso a lo que sí dicen y hacen, no basta ya de tótems?

¿Cuál es el germen de todo esto? Una serie de leyes que se diseñan hace veinte años en una situación excepcional y aún continúan vigentes: 7/2003, 5/2003, luego 7/2014... No es entendible que hoy sigan dando base a actitudes revanchistas de los jueces. Hace tiempo es hora de que se estudie su modificación, son absolutamente extemporáneas y hoy necesitamos tiempos nuevos de esperanza en este país. Hay que modificarlas o aplicarlas de otro modo.

Ha citado la 5/2003, menos conocida. ¿En qué consiste?

Hasta aquel año, las decisiones de vigilancia penitenciaria dependían del juzgado de proximidad, pero con esa ley todo esto pasó a la Audiencia Nacional. Y, con ello, jueces que están a 400 kilómetros de nuestro país toman decisiones sobre presos a los que no conocen de nada, y que les importan un bledo, en contra de las decisiones profesionales de asistentes sociales, sicólogos, abogados... de los centros penitenciarios.

«Jueces a 400 kilómetros de nuestro país están tomando decisiones sobre presos a los que no conocen de nada y que les importan un bledo»

Ahora hemos visto en Madrid al Constitucional prohibiendo la votación del Senado, pero para nosotros aquí no es nada nuevo. Nos asombra esa extrañeza de partidos de ámbito estatal cuando se produce esa invasión del Poder Judicial en el Legislativo, porque aquí esas decisiones judiciales, durante años, son las que ponen piedras en el camino a una solución definitiva. Estos órganos se han convertido en el arma de la extrema derecha política; lo que esta no puede hacer en el ámbito parlamentario, se lo hacen los jueces.

Y ahí nos encontramos con un muro difícilmente franqueable. No solo es la AN, también la Fiscalía, que presenta los recursos. Y no hay que olvidar que está en manos del Gobierno. Hay que recordar que una vez le preguntaron al presidente del Gobierno por esto [en el caso Puigdemont] y dijo con un tono algo rayano en la prepotencia: «¿De quién depende la Fiscalía? ¿Del Gobierno? Pues ya está».

¿Teme que estos sabotajes judiciales acaben condicionando las decisiones de Lakua sobre terceros grados?

Seguimos manteniendo nuestra confianza en su labor profesional. Pero dicho esto, hay un campo de mejora, porque se han aprobado 34 terceros grados (24 recurridos por la Fiscalía) pero podían haber sido 110, porque hay 110 presos que cumplen esos requisitos. También se podrían volver a aprobar los terceros grados revocados cuanto antes, sin esperar durante meses a la nueva reunión de las Juntas de Tratamiento. Hay mucho por hacer. Pero yo confío en que el Gobierno Vasco no va a perder la cara ante esas decisiones judiciales.

Pasemos de los oscuros a los claros. Hace un año decía que sería un fracaso colectivo no acabar con el alejamiento en 2022. Ahí estamos...

Ha costado muchos esfuerzos, pero es una etapa cumplida. Vamos a presentar pronto lo que tendría que ser la imagen de un nuevo tiempo: creemos que las flechas ya están superadas y que el mensaje tiene que ser ‘Etxera bidea gertu’. Hagamos el camino de vuelta a casa. ¿Y cómo? Exigiendo el cumplimiento de la legalidad penitenciaria; a estas personas no se les puede negar lo que se aplica a cualquier otro preso.

Hay que poner en valor aquí cómo lo hemos conseguido, entre todos: se han sabido conjugar la voluntad de las mayorías políticas en los parlamentos de Euskal Herria, la unidad sindical y la movilización ciudadana. Hay que seguir saliendo a la calle para exigir a las administraciones y al ámbito judicial que las cosas tienen que cambiar si queremos soluciones que impulsen la convivencia. Y eso se traduce en dos cuestiones: las personas presas y las víctimas, donde no puede ser que haya aquí un doble tratamiento.

En 2022 se ha arrancado también la libertad condicional para Jakes Esnal y Ion Kepa Parot, que durante un tiempo pareció misión imposible...

Salvando las distancias, es equiparable a cómo la sociedad civil de Iparralde arrancó el desarme que no quería el Gobierno Rajoy. Aquí también lo han logrado, abriendo las puertas de todos los ministerios, para personas que ya llevaban más de 30 años en la cárcel. Quiero recordar que hay algunos presos más que llevan hasta 33-34 años en la cárcel y que 64 de estos presos tienen más de 60 años. Es el producto de las leyes excepcionales que citaba, es una barbaridad. La media de edad de los presos vascos ronda los 49-50 años, y encima con muchísimos años cumplidos de prisión, cuando con la ley en la mano deberían estar en libertad.

Llega la manifestación de Bilbo, que no se ha podido hacer desde 2020. Como cualquier evento pospandémico, ¿tiene incertidumbres Sare?

Por supuesto, pero confiamos en que volveremos a llenar las calles y repetir las cifras de movilización de entonces. Lo creemos porque hay motivos objetivos para ello y porque una gran parte de la sociedad entiende que hay que avanzar hacia una solución completa. Cuando escucho a una víctima de ETA como Rosa Rodero, siempre con mucha atención, hay una frase que recoge fielmente esa sensación generalizada; ella dice que no quiere que sus hijos e hijas o nietos y nietas reciban una sociedad tan confrontada como la que recibimos nosotros. Se trata de eso, de reconstruir todos los puentes que hemos ido volando, y es eso lo que va a hacer que las calles de Bilbo se llenen, porque estamos impulsando derechos humanos y convivencia.

¿Cómo percibe Sare a las generaciones más jóvenes ante este problema, que realmente no han vivido? Probablemente tengan otras preocupaciones más propias y acuciantes. ¿Puede haber un desenganche?

No lo vemos así. Son gente generosa que participa en todo tipo de movilizaciones contra vulneraciones de derechos, y eso es también lo que se está produciendo aquí. Los derechos humanos no son parcelables, son un todo. Yo creo en la generosidad de la gente joven y veo una participación importante cuando vamos a los pueblos o a las manifestaciones. Sí hay que insistir quizás en que con el fin del alejamiento no termina nada que no sea el sufrimiento de los familiares; hay un largo camino por recorrer hasta ‘etxera’.

«Hay presos que llevan hasta 33-34 años en la cárcel y que 64 tienen más de 60 años. Es el producto de las leyes excepcionales que citaba, es una barbaridad»

Sare nació en 2014, va para diez años, y Joseba Azkarraga está ahí desde el inicio. Hubo años de bloqueo en que su efectividad podía estar en duda. ¿Cómo valora ahora el camino?

Es difícil valorar algo en lo que participas. Creo también que siempre hay que ser autocrítico y seguro que ha habido mensajes en que nos hemos equivocado porque han creado incertidumbres o dudas, pero en general noto que hemos acertado en la idea global de que esta es una cuestión de derechos humanos y convivencia. Y no hemos perdido punch, llegamos bien a la gente, algo que es fruto del trabajo de un equipo de gente joven de Sare. No hay una semana sin una iniciativa propia, es una organización muy viva. Eso sí, el objetivo es que desaparezcamos cuanto antes. Sare tiene que tener fecha de caducidad, como los yogures, pero para eso tendrían que desaparecer los problemas por los que nació.

¿Y la labor de interlocución política? Parece importantísima este año en que hay elecciones con riesgo en el Estado español...

Es importantísima, sí, pero también es fundamental que sea discreta. Hay filtraciones interesadas a menudo que presentan como gravísimo lo que es pura normalidad de diálogo, incluido con las personas presas. Los años electorales siempre ponen a los partidos muy nerviosos, pero es algo que hay que hacerlo y seguiremos en ello.

Hay tres patas en todo esto: diálogo con todos, sobre todo con los que piensan muy diferente a nosotros; respeto a todas las víctimas de todas las violencias; y movilización-movilización-movilización, porque los estados y los gobiernos no se mueven, hay que moverlos, y se les mueve desde la calle.