La Policía Nacional de Perú (PNP) ha detenido este sábado a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles, cuando tuvo lugar una gran marcha organizada para denunciar la destitución y encarcelamiento de su presidente Pedro Castillo y para exigir la renuncia del Ejecutivo que lo reemplazó, con Dina Boluarte al frente.

Sobre las 9.30 horas (14.30 GMT), la Policía Nacional de Perú ha echado abajo con una tanqueta la entrada del campus, acordonado por agentes de las unidades antidisturbios. Además, han contado con el apoyo de un helicóptero. Aproximadamente una hora y media después del inicio del operativo han comenzado a salir de la universidad varios autobuses policiales con las personas arrestadas.

Estudiantes de la universidad San Marcos mostraron esta semana su apoyo a los manifestantes y organizaron colectas y cadenas de donaciones de agua, alimentos, mantas o colchones para quienes reclaman la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones inmediatas y de una Asamblea Constituyente a través de un referéndum. También piden la liberación de Castillo, el fin de la represión y justicia para los fallecidos, que superan el medio centenar.

Reacciones y críticas a la intervención

La actuación policial ha suscitado la reacción de políticos y activistas. «Estamos aquí varios congresistas de la República, somos seis. En el marco de nuestras funciones hemos venido a verificar la situación actual en la que se ha producido este desalojo, esta intervención. No tenemos información, no hay un comandante, no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos la fiscal a cargo. Se nos quieren restringir nuestros derechos», ha señalado a Efe la congresista Ruth Luque a las puertas del campus.

Como Luque, otros parlamentarios han exigido a la Policía poder entrar a la instalación universitaria para conocer las circunstancias y razones por las cuales se llevó a cabo el desalojo y el estado de salud de los manifestantes antigubernamentales detenidos, porque lo que está haciendo la Policía es «completamente arbitrario» y que se han violado el derecho a la defensa de los detenidos.

«Pido el inmediato apoyo de otros países que creen en la democracia y los derechos humanos para poner un alto a esta arbitrariedad y abusos que está cometiendo la señora Dina Boluarte en alianza con la Policía y otras autoridades políticas», ha denunciado.

Por su parte, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (PUCP), considerada la mejor del país junto a la UNMSM, ha rechazado la intervención del campus.

Y la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha pedido «proporcionalidad». «Frente a la intervención en la UNMSM, OACNUDH llama a las autoridades a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso», reza un comunicado de la oficina.

Además, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, ha declarado en la emisora RPP que «era oportuno coordinar con la Fiscalía el operativo en la universidad». «En estado de emergencia se debe garantizar los derechos humanos e intervenciones de instituciones. Estamos atentos hasta que concluya operativo en campus universitario», ha señalado, y ha alertado de que tras el desalojo, no se ha permitido el acceso al personal de la Defensoría.

La UNMSM ha emitido un comunicado este sábado en el que afirma que la Policía ha actuado «de oficio» en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno. «En sesión extraordinaria del Consejo Universitario del 18 de enero, se acordó establecer un diálogo entre una comisión de decanos y estudiantes de la UNMSM y representantes de los manifestantes; donde se acordó que tenían un plazo de retirarse de manera ordenada del campus universitario hasta el jueves 19, a las 12:00 horas, acuerdo que no se cumplió», ha indicado.

Rendir cuentas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «preocupación» por la actuación policial, y ha exhortado «con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y el debido proceso de todas las personas».

Ha recordado que los casos de desalojos forzosos son «incompatibles» con los principios del derecho internacional y que, de realizarse, «deben adoptarse medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada». «Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», ha añadido.