Tras la noticia ayer de la detención de tres empresarios de la hostelería acusados de defraudar más de 80.000 euros a la Seguridad Social y explotar a 21 trabajadores en dos restaurantes de Donostia, los dos establecimientos han aparecido este martes llenos de pintadas con pintura roja contra lo ocurrido. Las pintadas hacen referencia a las condiciones laborales que imponían los arrestados: «Esplotatzailea», «12 ordu, 7 egun, 1.000 euro», «Prekarietatea STOP».

Según informó el Ministerio de Interior, los trabajadores eran obligados a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, y percibían 1.068 euros mensuales. Además, a partir del verano pasado, debían firmar contratos de formación cada mes, al tiempo que eran aleccionados para dar otra filiación si la Inspección de Trabajo u otra persona preguntaba por ellos. Los tres investigados por su responsabilidad en estos hechos fueron detenidos el pasado 12 de enero y se encuentran ahora a la espera de juicio.

Este mismo martes, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha calificado de «preocupante y grave» las detenciones: «Desde luego, ha existido intervención y ahora tiene que haber una respuesta contundente a este tipo de acontecimientos que están de sobra», ha manifestado mientras reivindicaba «el conocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras».

LAB: El sector de la hostelería, «de los más precarizados

Por su parte, el sindicato LAB ha denunciado el aumento de abusos laborales en el sector hostelero y ha defendido la necesidad de asegurar derechos para todas las personas que trabajan en él.

«El sector de hostelería es uno de los más precarizados, con altas proporciones de economía sumergida y empleo temporal. Detrás de esa Donostia de postal reconocida por su gastronomía y hostelería subyacen unas condiciones laborales sangrantes para las trabajadoras que sostienen con sus cuerpos ese modelo de explotación. Racismo, clasismo, explotación y abusos son la otra cara de una moneda cada vez más violenta y excluyente. Ya está bien de una patronal especuladora que se lucra abusando y realizando todo tipo de chantajes y falsas promesas», ha señalado.

Por ello, ha exigido que las administraciones y gobiernos «regularicen la situación de estas trabajadoras y las protejan, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales en este territorio».