«Falta cultura del esfuerzo». Fue el motivo que señalaron las patronales hosteleras de Iruñea ante la falta de camareros o camareras a las puertas de los sanfermines pasados. La lectura de los sindicatos, sin embargo, dista mucho de la teoría patronal: esta crisis, que no afecta tanto a los nueve días de fiestas sino a las dificultades de los bares y restaurantes para formar una plantilla estable a largo plazo, no es porque no haya gente para trabajar en hostelería, sino porque la gente no quiere trabajar en un sector donde es común tener pésimas condiciones laborales.

Después de las fiestas, Olaia Alonso y Núria Velasco, responsables de Servicios de ELA, advirtieron en un artículo de opinión que el sindicato planteó 21 denuncias ante Inspección de Trabajo. «Las decenas de trabajadoras que cada semana entran por la puerta del sindicato refieren jornadas semanales de 50 o 60 horas, y con un montón de horas extras que, cuando se cobran, es a 10 euros», acusaron. «Muchas» de las personas que acudían a la central, apostillaron, eran migrantes.

El empresario hostelero Enrique Senra fue detenido la pasada semana acusado de expolotar a 21 personas de origen migrante que trabajaban en los dos bares que regenta en la Parte Vieja donostiarra (calle 31 de Agosto y Narrika), de nombre Senra los dos. La denuncia de uno de los trabajadores motivó la investigación de Inspección de Trabajo, y dos días después de la detención, LAB destapó en una protesta que este mismo empresario opera de la misma manera en el bar que regenta en Hondarribia.

El sindicato calcula que unas 40 trabajadoras y trabajadores de estos tres establecimientos han podido sufrir explotación laboral al menos en los últimos meses. Y en la concentración que realizó el martes frente al establecimieto de Hondarribia, advirtió: «No es un caso aislado».

No denuncian por miedo

NAIZ ha hablado con responsables de ELA, LAB y CCOO con el objetivo de averiguar si tienen datos sobre la frecuencia de casos de explotación o abuso laboral de trabajadoras migrantes en el sector de la hostelería, pero dicen que no les llegan demasiados casos de este tipo. Pocos trabajadores de origen extranjero acusan malas condiciones laborales. Y este es justamente el mayor de los problemas.

Una de las razones por las que las trabajadoras no acuden a los sindicatos son, según las centrales, que en la mayoría de los establecimientos hosteleros no hay representación sindical. «Hay bares que tienen menos de seis trabajadores, muchos son negocios familiares», ha apuntado Mari Luz Rodriguez, responsable de ELA del sector hostelero en Gipuzkoa. Pero el motivo principal, ha añadido, es el «miedo»: «Mucha gente no demanda por miedo a quedarse sin el puesto de trabajo».

El caso de Senra puede ser, por su gravedad –los empleados trabajaban sin contrato con jornadas de hasta quince horas–, excepcional, pero los sindicatos creen que los casos de abuso laboral contra personas migrantes pueden ser habituales. «Muchas personas que necesitan regularizar su situación trabajan en hostelería; creemos que algunos empresarios se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para intentar acumular riqueza», expone Olatz Arrieta, responsable de LAB del sector hostelero de Donostia.

Oskar Arenas, sectretario de Internacional y Protección Social de CCOO, ha apuntado que los trabajadores migrantes sufren una «doble penalización», «triple» en el caso de las mujeres, y ha advertido de que esto les puede empujar a «bascular la decisión de denunciar». A su juicio, es «esencial» garantizar que estas personas «dispongan de los resortes adecuados para poder denunciar sin temor» y, para ello, cree que es indispensable la coordinación de los sindicatos con las administraciones públicas, así como la colaboración policial «para destapar estas situaciones».

«En un momento en el que abundan los discursos de odio, debemos situar la gravedad de lo ocurrido y focalizar la respuesta penal en estos empresarios piratas sin escrúpulos e impulsar una penalización social a los negocios que salen adelante imponiendo condiciones laborales indignas», ha agregado Arenas.

Cuando le llegan casos de abuso laboral contra migrantes, CCOO presta asesoramiento a la trabajadora afectada a través del Cite (Centro de Información para Trabajadoras y trabajadores Extranjeros) y presenta la denuncia en Inspección de Trabajo. ELA y LAB también acuden a Inspección de Trabajo, aunque Arrieta ha criticado que a veces no es «la mejor solución». Ha asegurado que «muchas veces mira para otro lado» y «evita meterse en estos temas cuando hay una denuncia por este tipo de situaciones».

El convenio, otra traba

El Convenio de Hostelería de Gipuzkoa lleva trece años sin renovarse y, además, algunos reponsables hosteleros «no respetan» las condiciones del acuerdo firmado para los años 2008-2010, según Rodriguez: «No se respeta la jornada, no hay un sistema de fichaje telemático, se trabaja sin calendario, sabes cuándo entras pero no cuándo te vas, no sabes cuándo tienes vacaciones ni cuándo será tu descanso semanal... lo que pasa es que mucha gente no se atreve a demandar».

La responsable de ELA del sector hostelero en Gipuzkoa ha apuntado que su sindicato intentó reactivar la negociación de un nuevo convenio en 2018, pero con la llegada de la pandemia este proceso se paralizó. «En 2023 nuestros esfuerzos se destinarán a sacar adelante el Convenio de Hostelería. Pero depende de que la parte empresarial quiera un convenio que regule las condiciones», ha manifestado.