Tres trabajadores de un hospital en Virginia fueron imputados este jueves por la muerte de un hombre afroamericano que había sido trasladado al centro médico desde una cárcel local.

Irvo Otieno, de 28 años, murió el pasado seis de marzo, mientras estaba siendo atendido en el Hospital Central Estatal de Virginia, a donde fue enviado desde una cárcel del condado de Henrico, según recogieron medios locales.

Con los cargos presentados por parte del fiscal del condado de Dinwiddie contra los tres trabajadores del hospital, ya son diez personas relacionadas con la muerte de Otieno las que enfrentan cargos criminales. Siete agentes de la oficina del sheriff de Henrico fueron arrestados anteriormente e imputados con cargos de homicidio en segundo grado.

La familia de Otieno, quien tuvo acceso a un video del incidente que aún no ha sido mostrado al público, ha asegurado que el joven fue esposado y encadenado mientras sufría una crisis mental.

La oficina de la fiscal dijo el miércoles ante la corte que el joven falleció de asfixia, después de haber sido reducido por al menos siete personas.

Arrestado el pasado 3 de marzo

Otieno había sido arrestado y puesto bajo custodia de emergencia, usada con personas que pueden tener una enfermedad mental, después de haber sido acusado de agredir a un funcionario de policía del condado de Henrico el pasado 3 de marzo, según informaron las autoridades locales.

El día después de ser arrestado, Otieno fue trasladado al hospital estatal, donde posteriormente falleció.

El caso de este joven afroamericano llega poco más de dos meses después de la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro que falleció por una paliza de la policía en Memphis, provocando una fuerte indignación en todo el país.

La policía de EEUU ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos de usar la violencia de manera desproporcionada hacia la población negra en el país.

Casi un tercio de todas las personas asesinadas a manos de la policía en EEUU en 2021 fueron personas afroamericanas, a pesar de ser solo un 13 % de la población del país, de acuerdo con la organización Mapping Police Violence.