
El vertedero de Zaldibar, como GARA y NAIZ adelantaron ayer, presenta «riesgos ambientales severos tanto por peligrosidad como por vulnerabilidad», una situación que ha ido empeorando rápidamente en los últimos meses. Por eso es precisa la «ejecución inmediata de una cubierta artificial temporal» y es urgente su «sellado definitivo», según informes técnicos y de Lakua remitidos al juzgado.
Ante ello, EH Bildu, conocedora de la documentación, ha pedido explicaciones a la consejera Arantxa Tapia, que deberá ofrecerlas en el pleno de mañana, viernes. En una rueda de prensa ofrecida ayer, el parlamentario Mikel Otero, afirmó que «se nos hace un poco raro que esto llegue a manos del Gobierno Vasco con estas actuaciones que se supone que hay que hacer de manera urgente, y en vez de asumirlas como las asumió cuando se cayó el vertedero, se trasladen a Fiscalía y a partir de ahí, no se sabe lo que va a pasar».
Eso es precisamente lo que EH Bildu quiere saber del Ejecutivo de Lakua, «qué va a hacer ante esta situación», puesto que hoy por hoy hay un peligro cierto de que se pueda volver a producir un derrumbe, haya incendios por los gases que se están desprendiendo o contaminación por los lixiviados.
Lo llamativo es que esto haya salido a la luz por la oferta de Verter Recycling al Gobierno de ceder los terrenos como forma de pago de la deuda contraída, y se pensara en construir un polígono industrial. En meses no ha habido ni labores de mantenimiento ni de control de la situación.
EP-IU también pregunta
Elkarrekin Podemos-IU ha registrado varias preguntas al Departamento de Arantxa Tapia para saber también qué va a hacer ante esta situación, y preguntar cuál es su responsabilidad en lo que está ocurriendo.
Su portavoz, Miren Gorrotxategi, pregunta quién va a asumir los costes de las nuevas obras que habrá que acometer y si Verter Recycling ha pagado los 28,3 millones que pagó Lakua de forma subsidiaria para las primeras labores tras el derrumbe.
Este viernes se podrán conocer las primeras explicaciones de la consejera Arantxa Tapia en el pleno de control al Gobierno.

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