En Gasteiz hay más de 9.500 personas inscritas en las listas de Alokabide, a la espera de un alquiler social, y, según los últimos datos de un conocido portal inmobiliario, solo hay 81 viviendas en el mercado privado del alquiler, que oscilan entre los 600 euros mensuales que piden por un apartamento de 55 metros cuadrados sin ascensor en Alde Zaharra y los 2.500 euros que cuesta la renta de un ático en Lakua-Arriaga.

Este jueves el pleno del Ayuntamiento de Gasteiz ha debatido una moción presentada por EH Bildu en la que se instaba al Gobierno local, formado por PSE y PNV, a poner en marcha «cuanto antes» el proceso para declarar zonas residenciales tensionadas ciertas partes de la ciudad, y a activar un plan de actuación para resolver el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda.

El edil soberanista Unai Fernández de Betoño ha comenzado su intervención incidiendo en que «no es exagerado hablar de una emergencia de vivienda» en Gasteiz, y ha apostado por utilizar las herramientas legales disponibles para hacer frente a esta situación, citando el artículo 18 de la Ley de Vivienda estatal.

Según ha explicado, dicho artículo no establece qué administración es la competente para declarar las zonas de mercado tensionadas, si corresponde a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas. Y ha indicado que, «en caso de duda», la Ley de Vivienda de la CAV, en su artículo número 10, «deja muy claro» que los municipios cuentan con competencias para regular el mercado de la vivienda.

«Si hay voluntad política, el Gobierno local de Gasteiz tiene competencias para nombrar zonas tensionadas», ha destacado, recordando que la citada designación está sujeta a dos condiciones: que los ciudadanos residentes en una determinada zona destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, o que el aumento del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, supere en tres puntos al IPC durante los últimos cinco años.

Basta con que se cumpla uno de los dos condicionantes para que se pueda declarar una zona de mercado tensionado. Fernández de Betoño ha advertido de que el primero se cumple en buena parte de la ciudad, ya que un informe de Lakua acredita que los ciudadanos con hipoteca variable destinan el 30,22% al pago de las mensualidades. 

Enmienda de PSE y PNV

La iniciativa de EH Bildu ha sido rebatida por PSE y PNV, que han presentado una enmienda conjunta a la totalidad. Un escueto documento de tres puntos que insta a Lakua a que «proceda con la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas en aquellas zonas del municipio que cumplan, previo análisis», con los requisitos establecidos en la norma estatal.

«Cada institución tiene sus competencias, y en el caso que hoy nos trae, según la ley estatal la competencia es del Gobierno Vasco», ha indicado la jeltzale Beatriz Artolazabal, quien se ha escudado en que la norma estatal hace referencia a «la administración territorial competente». «Y, en este caso, es el Gobierno Vasco», ha añadido.

Además, ha dejado claro que al PNV no le gusta la ley estatal, que ha sido objeto de recurso por parte del Gabinete de Urkullu. Y tampoco la ley autonómica de 2015, que contó con el voto en contra de los jeltzales, «pero como es una ley emanada de nuestras instituciones la hacemos nuestra y la desarrollamos».

Desde el PSE, socio de Gobierno del PNV, Borja Rodríguez ha reconocido que la Ley estatal ofrece tanto a comunidades autónomas como a municipios «diferentes herramientas que contribuyan a contener o recudir el precio del alquiler y aumentar a su vez el parqué de alquiler social». Sin embargo, ha cerrado filas con Artolazabal al indicar que la designación de zonas tensionadas compete a Lakua.

Al finalizar el debate se ha procedido a la votación de las iniciativas, siendo rechazadas la moción de EH Bildu y la enmienda del Gobierno local, así como una enmienda de adición presentada por Elkarrekin Gasteiz, que pedía la aplicación del canon de vivienda deshabitada. El único partido que ha votado en contra de todo ha sido el PP, que ha defendido el derecho a la propiedad privada.