En línea con lo expuesto hace dos semanas, cuando anunció que no secundaría ninguna enmienda a la totalidad para no cerrar el debate que merece la Ley de Educación, EH Bildu presentó ayer sendas propuestas destinadas a encauzar la crisis abierta por la enmienda de PNV y PSE sobre los modelos lingüísticos y atajar la «incertidumbre jurídica y la confusión política» que provoca.

Pello Otxandiano, director de programa de la coalición, se encargó de dar a conocer un documento que contiene, por un lado, una ‘Propuesta de aclaración del modelo educativo que define el marco plurilingüe y multicultural y su futuro desarrollo’ y, por otro, una ‘Propuesta para evitar la incertidumbre jurídica que arroja la quinta enmienda del PNV y PSE’, la que se refiere a los modelos lingüísticos.

Proyectos en vez de modelos

La primera propuesta parte de la suposición de que la enmienda de PNV y PSE «pretende dar cauce a la actualización de los modelos lingüísticos con el objetivo de coherentizarlos con el título cuarto de esta Ley de Educación», lo que quizá sea mucho suponer, pues los socios de Gobierno mantienen versiones opuestas sobre ello.

Pero, de ser así, EH Bildu ve necesario «exponer de forma explícita en el texto de la ley cómo se pretenden actualizar los modelos lingüísticos», ya que así «quedaría claro cuál es el desarrollo reglamentario que se pretende realizar de esta Ley de Educación, y se daría un paso importante en aras a encauzar la situación de confusión generada». A tal efecto, plantea «definir una tipología de proyectos lingüísticos que sustituiría a los modelos A, B y D», pues «de esa manera, se aclararía qué desarrollo reglamentario se pretende realizar de esta ley con respecto al marco plurilingüe con el euskara como eje central». Y para ello propone transaccionar tres enmiendas, tomando como base la nº 26 de PNV y PSE.

La coalición, que concreta el alcance de los cambios en las tres enmiendas, argumenta que «la tipología de proyectos lingüísticos permitiría diseñar proyectos lingüísticos adaptados a las condiciones sociolingüísticas y socioeconómicas de los centros educativos», y que «permitiría al Departamento de Educación facilitar recursos a los centros en función de su complejidad sociolingüística mediante los contratos programa, dando más a quien más necesita».

Apostilla, asimismo, que «dado que esta tipología de proyectos lingüísticos definido en base a la complejidad lingüística sustituye a los modelos lingüísticos», el «desarrollo reglamentario que definiría las características del marco común plurilingüe derogaría el decreto 138/1983 que regula los modelos A, B y D».

También propone, en la tercera enmienda de PNV-PSE, incluir que, «tomando en cuenta la realidad sociolingüística» de la CAV, «en el sistema plurilingüe con el euskara como eje central, la lengua vehicular normalmente utilizada o la lengua vehicular principal» será el euskara, y que el tratamiento de las lenguas se regirá «por criterios exclusivamente pedagógicos». Añade que el euskara deberá ser «la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado».

Opciones ante la incertidumbre jurídica

EH Bildu sostiene que si se atiende esta propuesta «aclararíamos la confusión política generada», pero añade que también «se debería evitar la incertidumbre jurídica que genera la enmienda». Y para lograrlo plantea dos opciones.

La primera, la que considera «más clara» y «más fácil de gestionar» ahora, sería «desligar la Ley de Educación y la Ley 10/1982 básica de normalización del uso del euskara», tal y como han venido trabajando durante estos tres años, justo hasta la presentación de la controvertida enmienda. Citando lo expuesto por juristas en la Cámara, la coalición destaca que «la función educativa la debe regular una ley de educación, y, por tanto, en el momento en que esta ley entre en vigor, el decreto 138/1983, que es un desarrollo reglamentario de la Ley del Euskara, quedará derogado desde el punto de vista de fuentes».

La segunda opción pasaría por «alinear la quinta enmienda registrada por el PNV y PSE con el título cuarto de la Ley de Educación», es decir, por «modificar la propia Ley del Euskara en aras a alinearla con la Ley de Educación y otorgar prioridad a los proyectos lingüísticos de forma clara». En el documento se detallan los cambios que deberían hacerse.

Con este paso, EH Bildu mueve ficha para resolver la crisis que mantiene en el alero la nueva Ley de Educación. Está por ver si sus interlocutores hacen lo propio o se enrocan.