Tras quedar aplazado el pasado 4 de octubre por admitir como nueva prueba la declaración de tres médicos solicitada por la defensa, el juicio contra Silvia, la mujer migrada para la que el Gobierno de Lakua pide siete años de cárcel por un delito de resistencia y atentado a la autoridad, se ha retomado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia, en Bilbo.

En esta primera sesión, se han podido escuchar las declaraciones de testigos, agentes de la Ertzaintza que participaron en su detención y médicos forenses y periciales. Por su parte, Silvia y el ertzaina involucrado en los hechos, quien también está acusado por «actuación desproporcionada» durante el arresto, declararán este martes, cuando está previsto que se presenten las conclusiones del caso.

Los hechos según los testigos

El juicio ha comenzado con las declaraciones del vigilante de seguridad del Eroski de la calle Sarrikobaso de Getxo, en el que ocurrieron los hechos que derivaron en la detención de Silvia. Según ha detallado, el 26 de mayo de 2018, un hombre en estado de embriaguez y con antecedentes por robo en ese supermercado intentó acceder al mismo, por lo que se le negó la entrada. Ante esta situación, los encargados llamaron a la Policía y más tarde se personó una primera patrulla de la Ertzaintza.

Mientras la pareja intentaba identificar a este ciudadano, apareció Silvia, quien no tenía relación con él, y comenzó a «increpar a los ertzainas», según la versión del vigilante, así como a «interferir en el cacheo». «Estaba alterada, gritando e insultando», ha añadido, corroborando que, durante el tiempo enque él estuvo presente, «no hubo malos tratos, ni físicos ni verbales, por parte de los agentes hacia Silvia».

A continuación, el agente 12409 de la Policía autonómica, uno de los dos que acudieron a la primera llamada, ha confirmado estas palabras, añadiendo que solicitaron apoyo debido a la actitud de Silvia hacia ellos. El policía ha negado que insultara o agrediera a Silvia, más allá de «apartarla para mantener la distancia de seguridad», y ha dicho que solo se le requirió la documentación cuando «le lanzó una mano» a su compañero.

Esta identificación corrió a cargo del agente 09165 como parte de la patrulla de apoyo. Este también ha afirmado que Silvia se encontraba «alterada y agresiva» y que intentó agredir a su compañero, momento en el que decidieron proceder a su detención, esposándola.

El traslado de Silvia hasta comisaría corrió a cargo de una tercera patrulla, formada por una mujer policía y el agente acusado de desproporcionalidad. La ertzaina número 12399 ha contado que, una vez en la comisaría de Getxo, la detenida se abalanzó contra ellos para recuperar su cartera, provocando arañazos a la agente y «enzarzándose» con su compañero, que la metió en el calabozo. La abogada de Silvia, Agatha Libano, ha pedido la reproducción de esas imágenes, que ya fueron filtradas en su día.

¡Ya es hora que se conozca el caso de Silvia y que el Gobierno Vasco desista de la acusación formulada contra Silvia! pic.twitter.com/G1GTLB3e7h

— SOS Racismo Bizkaia (@sosracismobiz) February 9, 2022

Después del forcejeo y dejar a la detenida con un superior, ambos fueron a la mutua para poder aportar un parte de lesiones, si bien no ha podido confirmar si en aquel momento Silvia también presentaba heridas en la cara. «No vi los golpes, durante la pelea cerré los ojos para protegerme. Después la metimos en la celda y nos fuimos a la mutua», ha detallado. Esta agente también ejerce como acusación particular contra Silvia.

El ertzaina 12294, encargado de elaborar el atestado policial, ha informado de que la detenida se negó a declarar, por lo que solo pudo escribir el informe con la versión de los agentes. Por su parte, la agente 05463, que dio apoyo tras el incidente de los calabozos, ha corroborado en su declaración telefónica que cuando llegó encontró «al compañero con la cara ensangrentada y la compañera forcejeando con la detenida por una cartera».

Finalmente, ha llegado el turno de la entonces pareja de Silvia, quien durante la discusión se encontraba dentro del supermercado. «Salí y Silvia estaba retenida. Me dijeron que se la llevaban a comisaría para identificarla. Estuve un rato esperando, hasta que me dijeron que me fuera a casa y volviera al día siguiente. Cuando la vi, tenía la cara hinchada», ha declarado, negando que Silvia se mostrara «agresiva» con los policías. «Es una persona muy sensible que lo único que pedía era que no trataran mal al mendigo», ha comentado de su expareja.

Médicos forenses

Tras ellos, ha llegado el turno de los tres médicos forenses propuestos por la defensa de Silvia. La inclusión de la declaración del doctor Pau Pérez-Sales, la doctora Paula de la Fuente y la psicóloga Andrea Galán como prueba provocó que el juicio quedara aplazado el pasado 4 de octubre. Ellos han sido los encargados de aportar las posibles secuelas físicas, psicológicas y psicométricas detectadas tras diversas horas de entrevista con Silvia.

Pérez-Sales tiene una amplia trayectoria en problemas de salud mental derivados de actuaciones políticas violentas, además de escribir varios artículos sobre el Protocolo de Estambul. Según ha explicado, este texto es el «instrumento de referencia cuando hay sospecha de malos tratos por parte de un funcionario». Con todo ello, ha confesado que el caso de Silvia es «uno de los más complejos» que le ha tocado evaluar, a razón de varios casos de violencia sexual que sufrió en el seno de su familia durante su infancia y adolescencia.

Atendiendo al citado protocolo, Pérez-Sales ha indicado que el testimonio de Silvia es «consistente y creíble», dándole un nivel de credibilidad de tres sobre cuatro. Ha detallado que se observa un «sufrimiento muy severo» y la vivencia de un «trato humano degradante».

Según el diagnóstico de los tres profesionales, los hechos de mayo de 2018 empeoraron el cuadro psicológico de Silvia, provocando en ella un «daño permanente» por el que tuvo que ser ingresada dos meses en el Hospital Psiquiátrico de Zamudio. La perita psiquiatra Leire García, en su declaración, ha confirmado la existencia de una «historia personal traumática», ha descartado que Silvia sea «una persona agresiva», corroborando un «empeoramiento» en la salud mental de la encausada durante los últimos años.

Libano: «Esto no debería haber llegado hasta aquí»

Antes de dar inicio al juicio, Agatha Libano ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que «esto nunca debería haber llegado hasta aquí», haciendo referencia a la pena de siete años de prisión que solicita Lakua para su representada, en un proceso que comenzó hace cinco años. Por parte de la Fiscalía, se le acusa de un delito de atentado al agente de la Ertzaintza por el incidente en los calabozos.

Previamente, una decena de personas han respondido a la convocatoria de SOS Racismo Bizkaia para arropar a Silvia esta mañana, antes de que comenzara la sesión de este lunes. Además, para esta misma tarde el movimiento ha organizado una mesa redonda sobre el Protocolo de Estambul y los Derechos de las Personas Detenidas y el Reconocimiento Médico Forense en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, como parte de la campaña ‘Silvia, no estás sola’.