El cabeza de lista del PP para las próximas elecciones autonomicas, Javier de Andrés, criticó ayer el «pésimo enfoque» de las políticas sociales y especialmente de la gestión de la RGI. Según afirmó, esta prestación «desincentiva la inserción labora», creando «gueto» y haciendo que «parte de la sociedad cree que puede vivir de la RGI».

Javier de Andrés es en la actualidad diputado en el Congreso de Madrid y según su propia declaración de bienes y rentas, registrada el 9 de agosto de 2023, tiene tres viviendas y dos Jaguars, además de otras propiedades.

Entre las propiedades de Javier de Andrés llaman la atención sus dos vehículos de alta gama. Uno de ellos es un Jaguar S-Type adquirido el 22 de octubre de 2013, cuando era diputado general de Araba. El otro es un Jaguar XF, comprado el 21 de julio de 2017, siendo delegado del Gobiero español en la CAV.

También declara tener el 100% de la propiedad de una vivienda en Gasteiz, que dice tener como origen «herencia y compraventa». Además, cuenta con el 50% de otra vivienda en Miranda de Ebro, comprada el 20 de febrero de 2023. A esto suma, que desde el 26 de mayo de 2023 tiene también el 100% de otra vivienda comprada en Miranda de Ebro, puesta a nombre de «una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones».

Añade asimismo que tiene un octavo de la propiedad heredada de tres fincas rústicas en Zanbrana.

«Ayudas más justas»

La crítica de la RGI es ya un clásico del PP que, precisamente, puso en marcha su primera campaña contra ella cuando la ley había sido aprobada en tiempos de Patxi López con el apoyo del propio PP.

A instancias de Javier Maroto, entonces alcalde de Gasteiz y hoy senador, se activó la plataforma “Ayudas más justas” que denunciaba que «el fraude y los abusos son lo más insolidario e injusto que puede existir» y añadía que «deben ser erradicados».

Pues bien, el 28 de diciembre de 2014 GARA publicó que el portavoz de la plataforma, Patxi Gómez, había sido reiteradamente apercibido en el Boletín Oficial de Araba por «cobro indebido» de la «prestación o subsidio de desempleo» y por impagos a la Seguridad Social. Además, acumulaba otra larga lista de requerimientos por deudas.

Es decir, el portavoz de la plataforma contra la RGI, miembro activo del PP, era él mismo un verdadero defraudador a la Hacienda alavesa y dimitió al día siguiente de la publicación de esta información.