El hecho de que la justicia internacional haga suya la pertinencia de la denuncia por genocidio de Sudáfrica contra Israel, «la única democracia de Oriente Medio», es un triunfo.

Una victoria matizada por la propia debilidad de la justicia internacional, y que en esta ocasión se evidencia en dos planos.

El más palpable destaca la contradicción de una sentencia que insta a Israel a adoptar medidas humanitarias» inmediatas y efectivas y a impedir «todo acto eventual de genocidio» sin exigir un previo alto el fuego.

Una exigencia que sí hizo la CIJ a Rusia a instancias de Ucrania. Pese a lo cual, Putin se pasó por el forro el dictamen, en la práctica no vinculante, y se convirtió en un paria internacional en busca y captura. Pero impune en el Kremlin.

Sin entrar en comparativas sobre uno y otro conflicto, y sobre sus protagonistas, y partiendo de la premisa de que la justicia internacional sigue siendo un desideratum, cabe concluir, de un lado, que la sentencia, pese a no satisfacer la exigencia de imparcialidad por parte del Sur Global, supone un paso más en la creciente deslegitimación del régimen sionista israelí.

Pero, por otro, y a no ser que Netanyahu se dé, o le den, por aludido –algo deseable pero poco probable–, el dictamen no implica que estemos más cerca del final, siquiera del alivio, del drama de la población de Gaza y, por extensión, de la población palestina y de la puesta en vía de resolución de un conflicto atávico.

El vaso del rey Salomón sigue sin llenarse y saciar la sede de justicia pero está un poco menos vacío. E Israel lo sabe.