La Justicia chilena ha condenado este martes a 23 años de cárcel Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), como autor de delitos de «incitación y apología de la violencia», «usurpación violenta», «hurto de madera» y «atentado a la autoridad».

En la sentencia se detalla que la pena se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco por «hurto simple» y otros tres por «atentado a la autoridad».

La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellantes de la causa, pedían 25 años de cárcel para el dirigente mapuche, que tiene 56 años y permanece en prisión preventiva desde su arresto en agosto de 2022.

«No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18216, no se le concede ninguna de las penas sustitutivas previstas en dicho cuerpo legal, debiendo cumplir de manera efectiva las penas prohibitivas de libertad en orden sucesivo, iniciando por la más grave», ha señalado el tribunal.

La lectura de la sentencia del exlíder de la CAM, una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, ha provocado un fuerte despliegue de las fuerzas militares en la zona, declarada en «alerta roja» en las horas previas a la audiencia.

La detención y el posterior encarcelamiento de Llaitul se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del fallecido Sebastián Piñera (2018-2022), tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año mientras se juzgaba a otro militante de la CAM.

«Hacemos un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales», advirtió entonces Llaitul.

En julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la administración de Gabriel Boric, el Gobierno decidió ampliar la querella.

En el sur del Estado de Chile, las regiones de La Araucanía y el Bío Bío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a los pueblos originarios, al propio Estado y a grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

La región está en estado de excepción desde mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido al Ejército desplegado en la región.

Los movimientos indígenas y parte de la oposición a la izquierda del Gobierno sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida.

La lectura de la sentencia coincide con un momento de máxima convulsión en el territorio mapuche al sur del país, todavía convulsionado por la muerte de tres agentes de Carabineros, ocurrida en la comuna de Cañete el pasado 27 de abril, pocos días después de que Llaitul fuera declarado culpable.

Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha informado ningún vínculo entre el ataque policial, el más grave contra el cuerpo de Carabineros de la historia reciente del país, y la CAM o alguna otra organización de la zona que reivindica sus tierras ancestrales.