El senador de EH Bildu Mario Zubiaga ha reclamado la transferencia de la competencia a las instituciones vascas para superar el colapso del examen del carnet de conducir que existe en Gipuzkoa y en otros herrialdes. En una pregunta formulada en la Cámara Alta al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Zubiaga ha destacado que la incorporación de dos profesores no soluciona el atasco existente, que es «un problema estructural».

Grande-Marlaska ha señalado que a Gipuzkoa se destinarán siete examinadores más y ha destacado que también se ampliarán las vacantes de administrativos existentes en Tráfico a nivel estatal.

Zubiaga ha recordado que en febrero ya planteó esta cuestión al ministro y que prometieron «medidas urgentes». El senador de EH Bildu ha reconocido que se han convocada algunas plazas, «pero el parche no ha sido suficiente, la situación está desmadrada».

De este modo, ha explicado que en una situación normal se realizan cien pruebas diarias en Gipuzkoa y que actualmente hay 5.000 personas esperando al examen. Según Zubiaga, cuando tomen posesión los dos nuevos examinadores se podrán realizar entre 60 y 80 pruebas diarias, «lo que no va a acabar con la bolsa de justa indignación ciudadana ante un problema crónico que se agudiza».

El senador de EH Bildu ha recordado también que las autoescuelas de Gipuzkoa se manifestaron la pasada semana para denunciar esta cuestión. «No creo que las autoescuelas sean el actor colectivo más protestatario de este país, si se movilizan es que la situación es crítica».

Grande-Marlaska: «Tomamos medidas»

Grande-Marlaska ha respondido que a nivel estatal se van a incorporar 94 examinadores más y que se está elaborando un plan de choque para incorporar 500 administrativos más, en un área en la que el número de vacantes llega al 50%. «No es autocomplacencia, pero vamos adoptando medidas para mejorar el servicio», ha añadido el ministro.

«Vamos de plan de emergencia en plan de emergencia hasta la victoria final», ha ironizado Zubiaga para subrayar que las plazas previstas para Gipuzkoa no solucionan «un problema estructural».