El Ayuntamiento de Sukarrieta han emprendido una ronda de contactos con los grupos políticos representados en las Juntas Generales de Bizkaia para darles a conocer un informe acerca de los «graves errores jurídicos» cometidos en el proceso que convirtió al barrio de Abiña en parte de Busturia.

El estudio concluye que el acuerdo de la Cámara foral del 14 de diciembre de 2017 que avaló la supresión del denominado «enclave de San Antonio» para incorporarlo al municipio vecino constituye «un acto nulo de pleno derecho por ser de contenido imposible».

La disputa territorial entre Busturia y Sukarrieta, en la que la Diputación avaló la tesis anexionista, provocó que el PNV perdiese en las elecciones municipales el control de uno de los ayuntamientos que siempre había gobernado en Busturialdea en favor de la plataforma ciudadana Sukarrieta Kanala Bizirik (SKB). Su objetivo, así lo defendieron en la campaña electoral de mayo de 2023, es la reintegración de Abiña en el municipio.

En este año, el Consistorio ha ido efectuando gestiones, como el encargo a Antonio Embid Irujo, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, de un informe sobre el proceso y cómo resolver el conflicto creado. Con ese estudio, el Ayuntamiento mantuvo este pasado martes un encuentro con el PNV para exponerle la situación y lograr que mueva ficha para corregir el «expolio de Abiña».

No es el primer emplazamiento directo a los jeltzales. El pasado 26 de noviembre, el alcalde de Sukarrieta, Jaime Orueta, aprovechó la presencia de los máximos responsables políticos e institucionales del PNV, en la conmemoración del 120 aniversario de la muerte de Sabino Arana, para entregar una carta a Andoni Ortuzar en este mismo sentido.

Decisión nula de las Juntas

El experto en Derecho Administrativo sostiene que la decisión de las Juntas Generales de Bizkaia es nula, ya que «califica como ‘enclave’ a un lugar que no posee, en absoluto, la naturaleza jurídica que haría apropiado predicar esa ‘realidad física’». Argumenta que no es un «enclave» porque no responde a esa definición.

Incide en que la Cámara foral lo define así «porque se trata, en su opinión, de un terreno separado físicamente del municipio de Sukarrieta por el ‘mar territorial’. Y no es mar territorial la naturaleza jurídica del terreno que separa el presunto ‘enclave’ del municipio de Sukarrieta sino zona marítimo-terrestre». Por tanto, la competencia radica en el Estado.

En esa situación legal, el informe recomienda al Ayuntamiento de Sukarrieta que solicite la declaración de nulidad del acuerdo de las Juntas Generales. Además, estima que estaría legitimado a pedir a la Diputación a que realice el deslinde de los términos municipales afectados. En este caso, insta a ambas instituciones a que recaben la participación en ese procedimiento administrativo de la Administración General del Estado «a efectos de que informara sobre la existencia, o no, de mar territorial en ese lugar, para conocer quién es competente».

Esas conclusiones las conoce el PNV como el resto de grupos políticos representados en las Juntas, con los que el Ayuntamiento de Sukarrieta se va a reunir. Por lo expuesto por los jeltzales, ellos no van a tomar la iniciativa y aguardan a conocer la del resto o que desde los tribunales se pronuncien al respecto. El PSE ha concertado ya un encuentro con los responsables municipales de Sukarrieta.

«Veremos cuál es su postura», señala el primer edil. «Entendemos que el informe deja en especial mal lugar a la Diputación», apunta Orueta.

El Consistorio se encuentra ante tres vías que no son excluyentes. Acceder a Juntas Generales de la mano de algún grupo político, de ahí la importancia de la ronda con los partidos, o a través de una iniciativa municipal en función del mecanismo establecido en la Norma Foral de Demarcaciones Territoriales, o recurrir a los tribunales. «Desde luego, con la experiencia que tenemos, lo que menos queremos es volver a acudir a los tribunales», afirma el alcalde.