Los gobiernos de Madrid y Lakua han alcanzado un acuerdo para que la Ertzaintza pueda realizar tareas policiales de seguridad ciudadana, protección de personas y bienes, y orden público en los aeropuertos y puertos –incluida la lámina de agua– de la CAV, si bien la Policía española y la Guardia Civil mantendrán sus competencias «exclusivas» en temas como el control de fronteras, el contrabando, el fraude fiscal y las normas de extranjería.

Aunque Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha manifestado que con este acuerdo «se producirá un repliegue y despliegue de las fuerzas correspondientes», el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no afectará ni a las actividades ni al despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). «Es una clarificación de competencias», ha explicado.

«La Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán ocupándose de la custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo en su totalidad las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, a extranjería y al control de fronteras», ha destacado.

Los puertos y aeropuertos contarán con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información entre las unidades de los diferentes cuerpos.

Este es uno de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Seguridad celebrada en Madrid esta mañana entre sendas delegaciones presididas por el mencionado Grande-Marlaska y por el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria. Este último ha recordado el carácter «integral» de la Policía autonómica, responsable de «garantizar la protección de personas y bienes, y también el mantenimiento del orden público en todo el territorio. Y los puertos y aeropuertos también son territorio de nuestra comunidad».

Contra la violencia machista

La Junta de Seguridad también ha alcanzado un acuerdo para «culminar el próximo mes de octubre la interconexión de los sistemas de lucha contra la violencia de género», VioGén 2, en el caso del Ministerio del Interior, y EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa), en el del Gobierno de Lakua, para una coordinación óptima en la adopción de medidas de prevención y protección integral contra la violencia machista.

Estos sistemas permiten gestionar de manera integral los expedientes de violencia contra las mujeres, homologar las evaluaciones de riesgo, establecer la protección adecuada y gestionar las órdenes judiciales de protección. Según han destacado, la coordinación entre ambos sistemas reforzará la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista y facilita su movilidad segura dentro del Estado español.