Un total de 8.328 personas solicitaron el año pasado protección internacional o reconocimiento del estauto de apátrida en Hego Euskal Herria, según consta en el anuario estadístico del Ministerio español de Interior publicado estos días. Aunque no hay datos sobre 2022, se trata de un aumento considerable respecto a lo registrado en años anteriores. En 2021, por ejemplo, las solicitudes fueron 2.319. Un año antes, 4.057. Y en 2019, sin la distorsión de la pandemia, 5.536.

Por herrialdes, Bizkaia se llevó casi la mitad de las solicitudes (3.841), seguida a a cierta distancia por Nafarroa (2.171), que no obstante supera con creces a Araba (1.229) y Gipuzkoa (1.087). Por género, el reparto resulta bastante equitativo, ya que el 51,6% fueron hombres y el 48,4%, mujeres.

¿Qué hay detrás de este crecimiento?

Una lectura rápida de los datos tiene el peligro de alimentar narrativas interesadas sobre una supuesta migración africana desbordada, tan en boga estos días. Nada más lejos de la realidad. No hay datos desglosados por comunidades, pero lo cierto es que de las 163.642 solicitudes de protección registradas en todo el Estado, la mayoría fueron de personas venezolanas (60.566) y colombianas (53.618). Por contra, solo 10.468 peticiones llegaron de personas de origen africano. Más al detalle, solamente 3.747 provinieron de países de la orilla sur del Mediterráneo.

De hecho, pese a que el número de solicitudes de protección ha pasado de 65.482 en 2021, a 163.642 el año pasado, el número de solicitantes de países del Magreb ha descendido de 8.135 a 3.747. En dirección contraria, las solicitudes venezolanas se han cuadruplicado de 15.836 a los citados 60.566. Un crecimiento que también se da en el caso colombiano, al pasar de 11.526 a los señalados 53.618.

Junto a esto destacan los datos sobre el lugar de presentación de las solicitudes. En contra del imaginario sobre unas supuestas fronteras desbordadas, solo 3.386 peticiones –de un total de 163.642–, se registraron en puestos fronterizos. Un 2,1% del total. La inmensa mayoría de las solicitudes (un 96,7%) se hacen ya en territorio estatal. Frente al retrato interesado de un solicitante de asilo encaramado a la valla de Melilla o subido a un cayuco, lo cierto es que la gran mayoría de candidatos a recibir protección llega en avión.

Admisiones selectivas

Con todo, una cosa son las solicitudes y otras las resoluciones de Interior. En 2023 admitió a trámite 84.998 solicitudes y desechó de entrada solo 1.872. Conforme el proceso avanza, sin embargo, el Estado español se muestra más restrictivo... y también más selectivo.

A propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, Interior firmó el año pasado 88.063 resoluciones, de las que una parte significativa (35.397) fueron decisiones desfavorables. Se concedieron 7.327 estatutos de refugiado y 3.833 de protección subsidiaria –se reconoce el derecho a protección, pero no llega a refugiado–. La mitad restante fueron autorizaciones de estancia o residencia por razones humanitarias (un total de 41.506). Se trata de una figura discrecional que permite ofrecer protección por una amplia gama de razones. Pues bien, 41.116 de estas autorizaciones (el 99,1%) fueron a parar a personas de origen venezolano.

En otros números, el 99,7% de las resoluciones sobre personas venezolanas fueron favorables, mientras que solo el 6,2% de las peticiones de sus vecinos colombianos –con índices de violencia política bastante mayores– llegaron a buen puerto.