La comisión de expertos para el reconocimiento de las víctimas de la Iglesia católica ha reconocido a quince personas como víctimas, según ha explicado su presidente Josean Echauri, en la presentación de su informe relativo a 2023 en el Parlamento navarro.

En 2023, se admitieron a trámite 53 expedientes, de los que quince han sido reconocidos como víctimas, otros nueve se encuentran en proceso y 28 están pendientes de iniciar los trámites. Asimismo, una persona abandonó el proceso. En julio, el Gobierno avanzó que para entonces ya se había reconocido a seis personas.

Según recoge el informe, de entre las personas víctimas, once son hombres y cinco mujeres. De las cinco mujeres, cuatro han sido víctimas por parte de victimarios de sexo masculino y una mujer por parte de una victimaria femenina. Por su parte, todos los hombres han sido víctimas de victimarios masculinos. Por lo tanto, entre los victimarios se encuentran quince hombres y una mujer. Trece de las víctimas refieren haber sido abusadas por un victimario, dos personas por dos y una por tres victimarios.

Entre otras cuestiones analizadas, ocho refieren no haber ido nunca a servicios de salud mental y la otra mitad sí han necesitado tratamiento psicológico. De estas últimas, tres presentan trastornos de personalidad y cinco trastornos emocionales.

Respecto a consumos y adicciones, dos han respondido afirmativamente y catorce no consumen nada.

Inicio de los abusos, a los 9 años

La edad media de inicio de los abusos es a los 9 años, aunque hay víctimas que los sufrieron desde los 6 años y otras desde los 12. Asimismo, la mayoría de los abusos ocurrieron en la década de los 60 (ocho casos), seguida por la de los 70 (cinco casos), dos en la década de los 80 y una en la de los 50.

El entorno de los mismos se produjo en el contexto educativo y colegios (doce), en parroquias (tres) y una en un domicilio familiar. Asimismo, nueve victimarios ejercían como profesores en los distintos colegios, tres eran párrocos, dos desarrollaban labores de enfermería en centros educativos y dos eran cuidadores en colegios. Trece víctimas pertenecían al alumnado y tres a la feligresía de diferentes parroquias de Nafarroa.

La mayoría de los abusos, de categoría moderada

Para la categorización de los abusos se han establecido tres niveles: leve, moderado y grave. La mayoría se encuadran en la categoría moderada, que comprende masturbaciones o tocamientos en órganos sexuales u otras partes del cuerpo con carácter sexualizante. Por su parte, cuatro son de carácter leve (tocamientos por encima de la ropa, comentarios y proposiciones sexuales), y otros cuatro entran en la categoría de abusos graves (penetraciones bucales, anales o vaginales, con órganos sexuales, dedos o cualquier parte del cuerpo, objetos, etc.).

El 75% nunca comunicaron lo que pasaba en su momento

La memoria recoge que, a la mayoría de las víctimas, en el momento de los hechos, les resultaba extremadamente complicado relatar los episodios sucedidos, bien porque no eran conscientes de los abusos sexuales, por la falta de confianza con los adultos de su entorno o por miedo y amenazas del victimario. Doce de las personas reconocidas como víctimas, un 75%, indican que nunca comunicaron los hechos sufridos, dos avisaron al colegio y otros dos a familiares cercanos.

Por su parte, diez de las víctimas refieren que sí hubo testigos en el momento de los abusos, en su mayoría compañeros y compañeras de clase, frente a otras seis que señalan que los hechos se produjeron en la intimidad.

Once víctimas solicitan reconocimiento público

En lo relativo a la reparación del daño, once de las víctimas solicitan de los centros, congregaciones, órdenes o diócesis implicadas el reconocimiento público y personal de los hechos sucedidos, así como su responsabilidad. Además, tres víctimas demandan una petición pública de perdón, ya sea por acción y omisión. Otras tres manifiestan su petición de que se haga público el nombre de los victimarios, y dos piden una indemnización económica.

Por otro lado, diez víctimas refieren que los abusos sexuales no han influido de manera decisiva en el desarrollo de su vida, mientras que otras cinco manifiestan que el impacto traumático ha sido determinante en su vida sexual y una refiere que el mayor impacto ha sido reflejado en el ámbito social e interpersonal.

Emanada de la ley de 2022

Esta comisión se creó en 2022, tras aprobarse una ley para la protección de víctimas de la Iglesia, de una manera análoga a la de víctimas de agentes policiales. Según ha explicado en el Parlamento su vicepresidente, Mikel Córdoba, el objetivo de la misma es «la articulación del derecho al reconocimiento de la víctimas» de la Iglesia católica y el esclarecimiento del contexto en el que se cometieron.

Para ello, reciben a quienes han manifestado su interés en ser reconocidas como víctimas, tras los que se inicia un proceso que ha sido calificado por Córdoba como técnico, subrayando que no tienen competencias en el ámbito de la Justicia. «No buscamos determinar culpabilidades», ha subrayado.

Junto a ello, ha valorado positivamente que este año la Iglesia católica haya designado a los miembros que le correspondían en la comisión, así como la colaboración del Arzobispado de Iruñea y de las distintas órdenes católicas.

Esther Aldave, integrante de la comisión, ha explicado que su actuación se centra en el contexto histórico que va de la década de 1940 a la de 1980, «cuando existía una sociedad que no supo dar una respuesta en su momento». En este sentido, ha destacado que la mayoría de los testimonios se caracterizan por una situación de vulnerabilidad y desprotección en un contexto en el que la Iglesia católico tenía un gran protagonismo social y era, incluso, considerada como un referente.

Nuevos pasos necesarios

Marta Álvarez (UPN) ha mostrado su apoyo al trabajo de la comisión, destacando que los abusos «los cometen las personas y no las instituciones», por lo que ha reclamado «huir de la politización».

Inma Jurío (PSN) ha subrayado que estas víctimas, que sufrieron el silencio social, «tienen derecho a que las instituciones les pongan en el centro».

Arantza Izurdiaga (EH Bildu) ha subrayado la importancia de la ley de 2022, que ha calificado de pionera, pero ha añadido que «pese a que fue un paso importante, todavía queda mucho por hacer» en ámbitos como los mecanismos preventivos para que no vuelvan a ocurrir nuevos casos y la reparación.

Blanca Regúlez (Geroa Bai) también ha destacado que la reparación es una cuestión pendiente y ha defendido la necesidad de transmisión del conocimiento para evitar nuevas agresiones. Asimismo, ha subrayado la importancia de la ley de 2022.

Javier García (PP) también ha señalado que los abusos cometidos son de carácter personal y no institucional.

Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha subrayado también el valor de la ley de 2022 y ha abogado por dar más pasos para que haya un reconocimiento de lo sucedido, que «no fueron casos aislados». En esta línea, ha reclamado que se haga público en el nombre de los responsables.