Su equiparación a las condiciones laborales de la Administración navarra es lo que pide la plantilla de la fundación pública Gizain, según han señalado en una comparecencia ante la prensa miembros del comité de empresa, integrado por nueve representantes de LAB, dos de ELA y dos de CCOO.

En la misma, han recordado que Gizain, que cuenta con alrededor de 350 trabajadoras en toda Nafarroa, «da servicio a las personas más vulnerables de la sociedad». Con esta fundación se buscaba «asumir la gestión pública de una serie de servicios esenciales que venían siendo prestados por entidades privadas».

En concreto, se trataba de mejorar «la prestación de servicios esenciales como equipos de atención a víctimas de violencia de género y de violencia sexual, centro de día de justicia juvenil, cinco centros de observación y acogida para menores que sufrían situaciones de desprotección familiar, unidades de tramitación administrativa de rentas garantizadas e ingreso mínimo vital, los equipos de inserción sociolaboral y los equipos de atención a la infancia y adolescencia y el equipo que trabaja con familias acogedoras de urgencia (AFU)».

Limitación salarial pese a no ser reconocidas

A pesar de su carácter público, «la fundación no termina de definirnos como empleados públicos, a pesar de que la empresa utiliza las limitaciones de subida salarial del funcionariado para la no aplicación del convenio vigente y la mejora de las condiciones laborales», han señalado desde el comité.

Además, han denunciado que el convenio firmado en 2019 «se incumple en 2023, último año de vigencia, cuando no se produce la equiparación de las tablas salariales a las de Fundapa, otra fundación pública con los mismos profesionales, tal y como venía recogido en el artículo 6.3 de nuestro convenio». El motivo esgrimido por la fundación para no aplicar esa subida es precisamente la citada limitación existente para el funcionariado, a pesar de que no se les reconoce esa condición de empleados públicos.

Esa situación hace que esté bloqueada la negociación del segundo convenio, ya que «señalan que nos afecta la misma limitación de subida salarial que al personal al servicio de la Administración pública, un 2%. No nos equiparan a fundaciones homólogas con las mismas profesionales y no nos equiparan a la Administración. Unido a esta serie de incongruencias, los Grupos 3 y 4 se quedan con el salario por debajo del convenio sectorial de acción e intervención social».

Ante esta situación, las trabajadoras de la fundación Gizain consideran que «somos tan esenciales como otras profesiones que han visto reconocidas sus demandas y otras que están trabajando hace años por conseguir ese reconocimiento. Trabajamos de forma cada vez más profesionalizada, más estructurada, más exigente, conteniendo con dedicación y profesionalidad situaciones sociales que cada vez son más complicadas». Y por ello, piden la equiparación de sus condiciones laborales a la de la Administración del herrialde.

Para lograrlo y que, además, se cumpla el primer convenio y se desbloquee la negociación del segundo, han anunciado el comienzo de una serie de movilizaciones que arrancarán con una concentración el próximo 18 de octubre a las 9.00 horas frente al Parlamento de Nafarroa.