Las cinco familias de Gaza sobre las que pende la amenaza de desahucio han salido al paso de la versión de la Subdelegación del Gobierno español en Araba, que niega ese riesgo, acusando a esa institución de mentir. Le han exigido que se siente a negociar cómo se pueden acelerar los trámites de regularización y una «alternativa habitacional permanente».

Los afectados han asegurado que la Subdelegación ha comenzado a mostrar interés por su situación a raíz de que comenzasen a organizarse junto al Sindicato Socialista de Vivienda y la comparecencia que ofrecieron este miércoles en Gasteiz.

«Inmediatamente después de que conocieran la convocatoria, las altas instancias de la Subdelegación se pusieron en contacto con las familias para ofrecerles una prórroga habitacional hasta el 31 de diciembre. Anteriormente a todo esto, la situación que tenían las familias era la siguiente: el 31 de octubre se iban a quedar en la calle, situación confirmada por las trabajadoras sociales mismas», han expuesto en un comunicado.

Han incidido en que la amenaza de desahucio ha estado sobre la mesa desde agosto hasta el mismo 15 de octubre. «Cuando la Subdelegación del Gobierno afirma que no hay amenaza de desahucio, miente. Han utilizado una estrategia de maltrato institucional, basada en poner una fecha límite para que las familias se vieran angustiadas y trataran de buscar una solución en el mercado libre, y cuando esta fecha llegaba la han prorrogado dos meses más»», han agregado.

Las familias gazatíes y quienes les apoyan consideran que «las dos únicas opciones no pueden ser o vivir en un albergue hacinados con periódicas amenazas de desahucio, o encontrar algo en el mercado libre».

Subrayan que se trata de una situación de «excepcionalidad», que deben superar, y para ello, «necesitan que se garantice una alternativa de calidad y permanente de vivienda, porque plantear que puedan encontrar un alquiler por sí mismas en el mercado libre, es en el mejor de los casos, iluso».