Duro choque entre el PSOE y sus socios en el pleno especial sobre vivienda
La polarización entre Sánchez y Feijóo ha tenido un paréntesis para dar paso a la exhibición de las contradicciones entre los socios de investidura, en especial con Sumar. La ministra Rodríguez recibe una lluvia de críticas, rechaza las medidas de los sindicatos y prioriza ampliar el parque público.

Como hace dos semanas con el tema de la migración, este miércoles el Congreso de los Diputados ha sido anfitrión de un pleno especial sobre la vivienda, con una comparecencia monográfica exigida a la ministra Isabel Rodríguez, votada en su momento también por Sumar.
«La vivienda es nuestra prioridad absoluta», dijo en la víspera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras reunirse con representantes del sector (organizaciones sociales, bancos, patronales, etcétera), en un cónclave en el que el Sindicato de Inquilinos dio el portazo porque no puede discutirse soluciones a los alquileres con sus causantes «al igual que no se buscan soluciones al cáncer con las tabacaleras».
El clima entre los dos socios del Consejo de Ministros ya venía espeso: en el pleno de este martes había habido una novedad parlamentaria que no gustó en las filas socialistas. El grupo Plurinacional Sumar había intercambiado favores con el Partido Popular y se abstuvo en la admisión a trámite de una proposición de ley sobre exportación de armas y envío de tropas a cambio que los de Núñez Feijóo apoyaran una propuesta contra cláusulas abusivas en las hipotecas.
«Era innecesario. Y alguien en Sumar me había dicho que eso no iba a ocurrir y finalmente ocurrió. O esa persona no estaba informada o me mintieron», se oyó quejarse en los pasillos del Congreso a un alto cargo del Ejecutivo en una conversación informal. Esa molestia marcaría el debate sobre vivienda, un asunto que Sumar ha elegido, junto con el de la reducción de la jornada laboral, como caballo de Troya de este nuevo curso.
Desacuerdos
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comenzado su ponencia asegurando que su Gobierno quiere «sentar las bases» para afrontar un problema que «quiere resolver» haciendo «lo que haga falta» pero «sin la varita mágica. Si alguno la tiene, que lo diga».
Junto a ello ha reconocido la «heterogeneidad» del Estado español y su «complejidad en la arquitectura legal y competencial». Al respecto, ha reflexionado que este tema encierra «una anomalía» porque «empezó legislándose para resolverse en las autonomías y hubo que esperar 45 años para una Ley de Vivienda» del Estado.
Rodríguez ha asegurado que desde que Sánchez es primer ministro se han movilizado 20.400 millones de euros para políticas de vivienda y que el Gobierno español es «el que más ha destinado» Fondos Next Generation para encarar este problema de toda la UE. Además, ha aseverado que en el tiempo que lleva al frente de su cartera se ha «reunido más veces» con consejeros autonómicos «que todo lo que hizo el Gobierno de Rajoy» en sus siete años.
La ministra Rodríguez ha defendido sus políticas pero añadiendo que «no hay una varita mágica, y si alguien la tiene, que lo diga»
Ha aprovechado la ocasión para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por permitir la venta de viviendas sociales a fondos de inversión y ha cargado contra los gobiernos autonómicos del PP que se niegan a aplicar la Ley estatal de Vivienda. También ha pedido a los grupos que apoyen el proyecto de Ley de Suelo que lleva la firma del PSOE y el PNV para facilitar «la disposición de parque público de vivienda».
Rodríguez ha defendido la «colaboración público privada» para el horizonte de millón y medio de nuevas viviendas que ha dicho que hacen falta y asegurado que su gestión buscará «la protección social de la vivienda por la función social» que representa.
«La barra libre no vale, las cañas funcionaron para ganar elecciones pero no para bajar el alquiler, eso solo lleva a que miles de madrileños hoy tengan problema de vivienda», ha añadido. Además ha dicho que la llamada ‘Operación Campamento’, un barrio al sur de Madrid que era terreno público de Defensa y que supondrá 11.000 nuevas viviendas de alquiler asequible, será «un ejemplo» de cómo abordar el problema.
El portavoz elegido para responder por el PP ha sido el tránsfuga de UPN Sergio Sayas, quien le ha augurado una salida pronta del Ejecutivo, tachado su gestión de «fracaso rotundo» y su comparecencia de «vacío, humo y la nada». Junto a ello ha insistido en que el mercado «no puede ser intervenido», por lo que hace falta es «construir». Su discurso ha sido tan duro que en la réplica la ministra le ha respondido que «hasta el portavoz de Vox había quedado moderado» en comparación.
Pero la nota la han dado los socios de investidura de Sánchez, empezando por Sumar, cuyo portavoz en la sesión especial ha sido el diputado Alberto Ibáñez i Mezquita (Compromís):«“Cierro los ojos y escucho los ecos de los ‘brotes verdes’ de Zapatero. que no era capaz de reconocer que las cosas iban mal. No podemos dejar que ‘la economía va como un cohete’ [en alusión a una frase de Sánchez] sean nuestros brotes verdes. La gente pide medidas».
Ibáñez ha pedido perdón por que los partidos aliados de los socialistas en el Estado y las autonomías «no han sido capaces de convencerlo» para resolver este problema a tiempo y ha mencionado una larga lista de cifras catastróficas sobre la vivienda desde 2008. Ha defendido la intervención del mercado y la baja de los precios de alquiler por ley. «Usted tiene que elegir con quién está, si con los propietarios o con los inquilinos», ha enfatizado mirando a la ministra.
Ante la interpelación muy directa de Sumar, la ministra ha dicho: «Mi elección es clara; con los inquilinos. ¿Y la suya? ¿Con el Gobierno o con la oposición?»
Rodríguez más tarde le respondería: «Mi elección es clara; con los inquilinos. ¿Y la suya? ¿Con quién está, con el Gobierno o con la oposición?». La larga ovación que ha recibido de la bancada socialista daba cuentas del enfado con Sumar. Otro elemento ha sido lo dicho por el portavoz Patxi López, quien ha criticado a los grupos «que un día están en el Gobierno y otro no».
Los ponentes de Esquerra Republicana y Junts también han esgrimido sonoras críticas a la gestión de Rodríguez aunque han valorado su implicación personal en el tema. El tono de la diputada republicana Pilar Vallugera ha sido tal (le ha preguntado a la ministra si no sentía «vergüenza») que Marta Madrenas, del partido de Puigdemont, ha comenzado acotando: «Sus socios están enfadados, ministra. Nosotros no somos sus socios y también seremos críticos».
EH Bildu y PNV
Por EH Bildu ha hablado Oskar Matute, quien se ha congratulado de que algo haya «cambiado» para que ya no haga más falta «hacer labor de pedagogía para explicar que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado». Ha pedido que se declare la «emergencia habitacional, sin menoscabar los ámbitos competenciales sino para que sirva para establecer cooperación y sinergias entre las administraciones».
Además, ha dedicado la mitad de su discurso a enumerar una larga lista de propuestas para encarar el tema; ha citado ejemplos de las leyes de vivienda de la CAV y Nafarroa, que establecen la posibilidad de expropiar pisos en desuso que sean propiedad de fondos buitres y bancos; y también ha citado los casos de ayuntamientos gobernados por EH Bildu en los que se han gravado las viviendas vacías.
Matute ha reclamado declarar la «emergencia habitacional» mientras Vaquero demandaba «seguridad al propietario para que ponga en alquiler su vivienda»
Por parte del PNV, Maribel Vaquero ha lamentado que la ministra «no haya tenido un poco de autocrítica». Luego ha criticado la Ley estatal de Vivienda por haberse excedido en el marco competencial y porque a su entender ha demostrado «no haber traído beneficios», por lo que ha pedido hacer «modificaciones quirúrgicas» para «dotar de seguridad al propietario para que ponga en alquiler su vivienda».
Otro socio habitual del Gobierno que se ha desmarcado duramente ha sido Podemos. Su líder, Ione Belarra, ha dicho que la ministra tiene un «discurso indistinguible al del PP, con medidas de derechas» y ha opinado que los diputados del PSOE «defienden a los rentistas porque son rentistas», mencionando aquí que la propia ministra posee cuatro propiedades en alquiler.
Eso no ha gustado a Rodríguez, quien en su respuesta le ha afeado que reparta los carnets de izquierda, le ha recordado que han compartido Consejo de Ministros y le ha cuestioniado que esté «preocupada» por sus propiedades. En tono sarcástico le ha dicho que a ella entre todas ellas no le «alcanzaría para pagar un chalet de Galapagar» (en alusión a la vivienda de Pablo Iglesias).
Sobre el final, al cerrar la comparecencia, Rodríguez ha citado a la CAV «como un modelo de éxito» al que dice reivindicar siempre que puede y que su ministerio lo tiene como ejemplo en materia de abordaje de la vivienda. López ha hecho algo similar y le ha dedicado un arratsalde on desde el atril, mirando a la tribuna, al consejero de Vivienda Denis Itxaso, quien estaba presente durante la sesión.
En un breve contacto con NAIZ, Itxaso ha explicado que ha venido a Madrid para presenciar el pleno «porque se trata de un debate sobre un problema de enorme trascendencia». Sobre la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, ha dicho que en la CAV «sí se aplica allí donde hay problemas», aunque en los hechos por ahora sea solamente en Errenteria.
Heridas de coalición
Fuentes del grupo Sumar preguntadas por NAIZ han asegurado estar satisfechas con la nueva táctica empleada en el Congreso. Un diputado explicaba que el intercambio de favores con el PP es normal en un sistema parlamentario y que la vivienda será un eje temático clave para la coalición de Yolanda Díaz.
«Ha sido una buena semana para nosotros», recalcaba, restando importancia al enfado del PSOE. El PP, por su parte, se ocupó este miércoles de dejar en claro que el intercambio con Sumar ha sido «una excepción».
Los socios que parecen más difíciles de convencer en este tema son los de Podemos, cuyos cuatro votos serán imprescindibles para aprobar los Presupuestos (como mínimo su abstención si Junts da el ‘sí’). Desde la formación morada dicen que si no hay una rebaja de 40% por ley de los alquileres no apoyarán lo que proponga el Gobierno y aseguran que se puede hacer modificando la Ley de Arrendamiento Urbano, que es competencia estatal.
Entre tanto, el Sindicato de Inquilinos se ha acercado a la puerta del Congreso, ha pedido la dimisión de la ministra. Le demanda que «suelte la mano» de los rentistas y que deje de hablar «de construcción» y se ocupe de las viviendas vacías y la rebaja por ley de alquileres.

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