
Los funcionarios de Justicia de Nafarroa están llamados este miércoles a secundar una jornada de huelga convocada por los sindicatos STAJ y Afapna con la que quieren exigir a la consejera de esta cartera del Ejecutivo navarro, Amparo López, que se mejoren sus condiciones laborales y retributivas para que se equiparen con las existentes en otros territorios del Estado, poniendo fin a «la discriminación salarial».
Dentro de esa jornada de paro, un grupo de funcionarios de Justicia se ha concentrado ante el Parlamento de Nafarroa tras una pancarta en las que se podía leer el lema ‘Las condiciones de trabajo en Justicia se negocian, no se imponen. ¡Negociación ya!’.
Las personas congregadas han gritado consignas como «Consejera, escucha, Justicia está en Lucha» o «Justicia navarra, solución», que acompañaban con pitidos de silbatos y trompetillas de plástico, mientras portaban carteles en los que se denunciaba la «Discriminación salarial» en este ámbito.
En nombre de los reunidos, el presidente de la Comisión de Personal de Justicia de Nafarroa, José Ramón Alcocer, ha explicado a los medios que la huelga de este miércoles se suma a los cuatro paros parciales ya celebrados el pasado mes de septiembre. Una serie de movilizaciones que han tenido continuidad en vista de la imposibilidad de «negociar unas condiciones laborales dignas» con la consejera y «hasta que nos escuchen».
Aunque el pulso actual es con Amparo López, Alcocer ha explicado que «desde 2012 se nos están poniendo excusas para no acometer las reformas que necesita Justicia y mejorar nuestras condiciones laborales y retributivas, que están por debajo frente a otras comunidades, que están consiguiendo entre 200 y 345 euros de incremento, como puede ser La Rioja». En este sentido, ha asegurado que Nafarroa puede llegar a situarse en 2027 «en el tercer o cuarto puesto por la cola».
Alcanzar «un acuerdo programático»
Para que no se llegue a ese extremo, la Comisión de Personal de Justicia solicita un «acuerdo programático» con un horizonte de tres años, que arrancaría el primero con una subida salarial para 2025 de entre 100 y 72 euros, dependiendo de grupos.
Pero se trataría de un acuerdo que iría «más allá de las cuestiones retributivas», según ha explicado Alcocer, ya que también se centraría en «la alta temporalidad que tenemos desde hace mucho tiempo; la carrera profesional, que aquí no se está pagando; la formación, que está muy dejada, y también habría que regular el teletrabajo», entre otras cuestiones.
Todo ello con el objetivo de que «en 2027 podamos tener unas condiciones equiparables al resto de comunidades».
Sin embargo, denuncian que desde la Consejería de Justicia no han encontrado receptividad y que incluso «en el borrador que nos enviaron el 6 de septiembre se indicaba que cualquier mejora en el servicio público tendríamos que asumirla por parte de los sindicatos, lo que supone entregar una carta en blanco. Por ese punto no pasamos ningún sindicato».
Además, los incrementos salariales profundizaban en las diferencias entre los distintos grupos, cuando desde las centrales «queremos minimizarlas, porque tenemos unas condiciones de trabajo muy parecidas». E incluso se trataban de unas cantidades que «se multiplican por dos o por tres en cualquier otra comunidad con un nivel de vida más bajo que Navarra. Lo denunciamos ya desde la pasada legislatura, pero no nos escuchan y en otras comunidades sí que escuchan».
Para conseguir un giro de timón por parte de la Consejería de Justicia navarra han convocado la jornada de huelga general, que ha supuesto la «suspensión de varios juicios». Al respecto, Alcocer ha señalado que «no queremos perjudicar el servicio, pero la única forma de que nos hagan caso es haciendo este tipo de cosas, que al final perjudican al ciudadano y no benefician a nadie».
Sobre el seguimiento de la huelga, ha indicado que esperaban que llegara al que han tenido los cuatro paros parciales del mes pasado y que «rondó el 50% sumando servicios mínimos» dentro de una plantilla orgánica que alcanza las 600 personas.
Tras esta jornada de huelga, la posibilidad de nuevas movilizaciones quedará a la espera de la reunión que van a mantener el próximo día 30 con los grupos parlamentarios en el Legislativo navarro, de los que esperan que «incrementen el presupuesto en Justicia, que desde 2012 es el más bajo respecto a cualquier comunidad».

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