
Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno navarro, ha señalado que es «evidente que se hace más que necesaria una revisión de la Ley de Minas, que data del año 1973» tras la sentencia del TSJN que anula uno de los permisos de explotación a la mina Muga que está proyectada en Zangoza y Xabier y las localidades aragonesas de Undués de Lerda y Urriés.
Irujo, que ha comparecido este miércoles tras la sesión del Gobierno navarro, ha reivindicado que el Amejoramiento atribuye las competencias de licencias mineras a Nafarroa y que así está reconocido en un decreto de transferencias de 1985. «Somos nosotros los competentes», ha proclamado, destacando que la Ley de Minas es «preconstitucional».
La sentencia del TSJN, en cambio, no coincide con el planteamiento de Irujo, que destaca que el proyecto de la mina Muga afecta a Nafarroa y a Aragón, por lo que es necesario un procedimiento único para su tramitación, lo que en este caso no se ha producido, puesto que se ha registrado un fraccionamiento del expediente. Junto a ello, el TSJN señalaba que la declaración de impacto ambiental no se había elaborado adecuadamente.
Además del Gobierno navarro, que ha mostrado una adhesión sin límites a la mina, este procedimiento afecta también a los ejecutivos de Aragón y del Estado español.
Posible recurso
La sentencia del TSJN puede ser recurrida tanto por el Gobierno navarro como por Geoalcali, la empresa concesionaria. Irujo no ha aclarado cuál será la posición del Ejecutivo de María Chivite.
El consejero ha explicado que han contactado con el Ministerio español de Industria, Energía y Turismo para «analizar de manera conjunta los posibles pasos a dar», para los que también se coordinarán con el Gobierno de Aragón.
«Lo tendremos que hacer de manera coordinada entre las administraciones del Estado, Aragón y Navarra», ha asumido.

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