
La oferta de alquiler habitual ha descendido un 30,7% en un año en Nafarroa, a pesar de que la demanda ha crecido un 26%, según se recoge en un estudio sobre esta materia realizado por la Asociación de Inmobiliarias de Navarra (AINA) y la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que atribuyen esa bajada principalmente a la «inseguridad jurídica».
Los resultados de ese estudio y sus conclusiones han sido dados a conocer este viernes en una comparecencia ante los medios por el presidente de AINA, Fernando Flores, y de FAI, José María Alfaro, coincidiendo con la celebración en Iruñea del VI Congreso de Agentes Inmobiliarios del Estado.
Flores ha explicado que el citado informe indica que la retirada de viviendas para arrendamiento a largo plazo «se ha agravado, principalmente, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda y su consecuente temor a la declaración de zonas tensionadas y límite de precios, según el 73,68% de las agencias navarras preguntadas».
Otros motivos consistirían en «el aumento de la inflación y de los costos de mantenimiento de la propiedad, según el 15,79%, y en la aprobación de la LAU de 2019, con la duración de los contratos y limitación de las garantías exigibles para los inquilinos, según el 10,53% de las agencias».
Asimismo, según ha detallado el presidente de AINA, «el 33,33% de las agencias indican que los propietarios endurecen los requisitos exigibles a los potenciales inquilinos de alquiler habitual ante el riesgo de impagos, el 24,44% indica que suben el precio de la renta para atenuar la demanda y el 13,33% señala que trasladan su vivienda al mercado del alquiler temporal».
Incluso «el 13,33% señala que retiran su vivienda del mercado tras el vencimiento del contrato en vigor, el 8,89% dice que trasladan su vivienda al mercado de compraventa y el 6,67% señala que se autogestionan evitando tener que contratar los servicios de una agencia, que conllevan contratos abusivos».
Características de la demanda
En lo que respecta al incremento de la demanda de alquiler habitual, el estudio apunta «la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda como el principal factor, según el 52,6% de las agencias que gestionan alquiler. Unido a la aprobación de la LAU de 2019 y al aumento de la inflación y a la subida de tipos de interés, que dificultan la compraventa, con el mismo porcentaje, el 15,8%; así como a las nuevas demandas de tipos de vivienda tras el covid, señala el 10,5%».
Sobre la tipología de viviendas más demandadas en Nafarroa, ha indicado que, «en primer lugar, se sitúan las de dos habitaciones o más, según el 65,52% de las agencias; seguidas de las de una habitación, según el 20,69%, los estudios, para el 6,90%, y las casas unifamiliares para el 3,45%».
Y lo más valorado por los inquilinos navarros «a la hora de alquilar, por este orden, están el precio del alquiler, según el 48,48% de las agencias, el tamaño, según el 24,24%, y la ubicación, según el 18,18%. Con porcentajes muy inferiores, están las condiciones del contrato, indica el 6,06%, y los servicios incluidos, como agua, luz, internet, según el 3,03%».
Crisis por «el miedo y la inseguridad»
Ante estos datos, Flores ha concluido que «el mercado del alquiler está sufriendo un desajuste que nos lleva a la crisis habitacional más grave de los últimos 40 años, provocado por el miedo y la inseguridad que se ha generado».
Asimismo, ha asegurado que la declaración de zonas tensionadas y limitación del precio de los alquileres con carácter obligatorio tendrá «un efecto contraproducente» al reducir la oferta, mientras sigue creciendo la demanda.
Como alternativa, ha insistido en que «urge la aprobación de medidas para recuperar la confianza de los pequeños propietarios y garantizar el derecho al acceso a una vivienda a la ciudadanía navarra».
Propuestas de las inmobiliarias
En este sentido, ha anunciado que, desde AINA, van a presentar una batería de propuestas al Gobierno navarro «para poner en el mercado a corto plazo más viviendas para alquilar y que haya un reajuste entre oferta y demanda y, por tanto, de precios».
Algunas de esas medidas pasan por «crear a través del organismo financiero público competente avales bancarios para cubrir los impagos por alquiler», además de establecer ayudas para la rehabilitación de viviendas que se destinen durante al menos cinco años al alquiler habitual.
En relación con las bonificaciones fiscales anunciadas por el Ejecutivo navarro, ha señalado que «es un paso bien dado», aunque «hay que ser cautos a la hora de valorarlo hasta tener toda la documentación en mano, ya que en el capítulo de las reducciones fiscales de la Ley de Vivienda hay mucha letra pequeña».
El presidente de AINA ha puesto de relieve la importancia de crear «una mesa de trabajo urgente con todos los agentes del sector para poder abordar todos estos temas y aportar soluciones técnicas y conocimiento de lo que pasa sobre el terreno, siempre desde un punto de vista constructivo».
La cuestión de la inseguridad jurídica ha sido destacada en varias ocasiones por Flores y Alfaro, quienes han facilitado el dato de que en Nafarroa, «se pueden tardar entre 10 y 12 meses en recuperar una vivienda cuando se registran impagos».
Han considerado que ofreciendo una mayor seguridad en ese terreno y empleando «clarísimos incentivos fiscales» podrían llegar a aflorar en el herrialde para alquiler habitual unas 10.000 viviendas que en estos momentos están cerradas, se dedican a alquiler turístico o incluso a arrendamiento de habitaciones. De ese total, unas 8.000 corresponderían a Iruñerria, donde, según ha explicado Flores, «mucha gente de la Ribera tiene una segunda vivienda».
A través de estas medidas han considerado que se podría atender mejor a una demanda muy latente, ya que Flores ha asegurado que «en cuanto sale una vivienda, se alquila inmediatamente. En dos horas ya se puede quitar como oferta», hasta el extremo de que en el herrialde «se firman ocho alquileres diarios entre las 200 inmobiliarias existentes».
En la necesidad de que aflore esa vivienda que en estos momentos no figura en la oferta, ha insistido el presidente de FAI, ya que es la forma de poder atenderla «mientras llega la necesaria vivienda de obra nueva». Pero también ha recalcado que para que eso ocurra es imprescindible «una seguridad jurídica mediante la aplicación de avales cuando se producen impagos del alquiler y clarísimos incentivos fiscales».

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