Un total de 2.404 familias ha sido desahuciadas en Barakaldo en los últimos 12 años, según se ha recordado ante el aniversario del suicidio de Amaia Egaña, que se quitó la vida el 9 de noviembre de 2012 cuando iba a ser desahuciada de su vivienda.

Este dato ha sido ofrecido durante la concentración que han protagonizado ante el Palacio de Justicia de Barakaldo el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT  para recordar y homenajear a Egaña, y denunciar que «pasados doce años, los desahucios siguen vigentes, al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas».

En relación con el último año, han detallado que han sido 179 las familias afectadas y que el 88% de ellas lo han sido de una vivienda en alquiler, «algunas incluso de la habitación en la que residen; así de grave es el problema del acceso a una vivienda en el municipio».

Al mismo tiempo, 7.678 familias demandan el acceso a una vivienda asequible, cuando «el alquiler medio en Barakaldo se sitúa en 880 euros y el acceso a una habitación llega hasta los 425 euros mensuales de media».

Ante esta realidad, los colectivos participantes en el acto han señalado que «no es de extrañar que, a día de hoy, 100 personas sin hogar sobrevivan en las calles de Barakaldo», que «ven vulnerado sistemáticamente su derecho a un recurso habitacional digno».

Aplicación del protocolo

Por todo ello, han demandado «la aplicación del protocolo frente a los desahucios, que, tras la muerte de Amaia Egaña, se acordó en 2013 y fue renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial».

Han recordado que el mismo establece que «los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio».

Asimismo, han exigido «el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Disposiciones legales que obligan a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio, y más cuando tienen menores a cargo».

Al equipo de gobierno de Barakaldo, los colectivos y sindicatos le han instado «a dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 74% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el pasado 6 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses».

Y a «las Administraciones públicas, que apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual».