La localidad de Benetússer, en la vega oeste de València que hace dos semanas fue arrasada por la DANA, es una olla a presión que el sol recalienta sin piedad. Todos los municipios de esta zona edificada junto al cauce del barranco del Poyo, desde Paiporta a Catarroja, están destrozados, sin cascos urbanos ni nada que se le parezca.

Las pocas vías que han logrado habilitar los equipos de emergencia son tomadas al asalto por vehículos cargados de despojos en dramáticos números de circo urbano mientras serpentean las escasas carreteras practicables que les conectan con el mundo exterior.

La riada ha dejado un descomunal rastro que carcome el paisaje de un extremo a otro. La tierra seca se ha convertido en barro. No hay semáforos ni arcenes ni asfalto. Calles enteras, como la enfangada avenida Miguel Hernández, están deshechas.

El olor a basura putrefacta se concentra en cada esquina, sobre una superficie rota que sus habitantes arrastran desde el 29 de octubre como una maldición. El número de víctimas quedó frenado el miércoles en 214, aunque pocos dudan de que habrá más. Sigue habiendo 41 desaparecidos.

«Gracias», le dicen

Apretujados en un reducto mínimo, un grupo de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Asturias sortea los enseres despedazados que han sacado de un aparcamiento subterráneo. «Nada. Por suerte, no hemos encontrado ninguna víctima. Muchos coches destrozados», comenta Fernando, el responsable de logística de un equipo con una voluntad inquebrantable. «Nos queda vaciar un sótano inundado y regresamos a Uvieu. En nuestro lugar viene otro de refresco», anuncia. Fernando se inclina ligeramente para tomar aire. El cansancio hace mella tras 72 horas de trabajo ininterrumpido. «Hemos visto cosas impensables», apostilla. Tres vecinas se acercan y le abrazan. «Gracias», le dicen. Fernando baja la mirada con rubor y las saluda con una sonrisa tímida.

Mónica es vecina de Alfafar, otro pueblo desolado pegado a Benetússer. Es profesora en el colegio público Amparo Alabao del municipio de Alaquás. Tiene 50 años y un hijo de 12 años. El día de la riada estaba en su casa corrigiendo exámenes hasta que un apagón en el suministro eléctrico la devolvió a una realidad pavorosa. Miró por la ventana y vio agua por todas partes. Con información escasa, decidió junto a su hijo llenar dos maletas y recorrer a pie los tres kilómetros que les separaba de una zona segura al otro lado de una pasarela peatonal que cruza el barranco. Lo hicieron a oscuras, con el agua a la altura de las rodillas, entre contenedores que la corriente arrastraba como barcos de papel. Ahora reconoce que actuó por instinto y un cierto grado de irreflexión, pero cruzaron el puente de un río que ya bajaba desbocado.

Ambos se salvaron, quizá, de una muerte segura. Luego recibió la noticia de que una vecina, una buena amiga, había muerto ahogada. Ahora le cuesta recordar los detalles y habla con dificultad, casi sin mover los labios. «Llevo una semana en shock con un cierto desorden mental y fisiológico», admite. No ha regresado a su casa y no sabe cuándo lo hará.

«Muchos barrios como el mío fueron construidos sobre los espacios de ríos y barrancos que ya no tienen capacidad para evacuar el agua. Es un peligro cuando llegan las crecidas repentinas como la del pasado 29 de octubre. Más allá de las responsabilidades políticas, que las tengo muy claras, habrá que repensar dónde hemos estado viviendo miles de ciudadanos durante años», critica.

«Más allá de las responsabilidades políticas, que las tengo muy claras, habrá que repensar dónde hemos estado viviendo miles de ciudadanos durante años», critica Mónica.

La nefasta gestión de la catástrofe no solo lleva el camino de abrir una guerra de culpas entre los Gobiernos central y valenciano, sino que ha puesto sobre la mesa la manifiesta incompetencia de ambos Ejecutivos en una tragedia que ha causado más de 200 muertos.

Ahora se ha conocido que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó tarde a la reunión del comité de emergencias porque tuvo una larga comida privada cuando los servicios meteorológicos llevaban horas avisando de la llegada de una tormenta inusualmente virulenta procedente del Mediterráneo.

A su vez, la consellera de Interior de la Comunitat, Salomé Pradas, ha declarado que se enteró aquella misma tarde de la existencia de un servicio de envíos masivos de información a los teléfonos móviles sobre alarmas meteorológicas.

«Son situaciones de una irresponsabilidad tan grave que solo pueden saldarse con la dimisión de ambos políticos», reclama buena parte de la sociedad civil valenciana. Para rematarlo todo está la falta de reflejos mostrada por el Gobierno español a la hora de enviar equipos de emergencia y ayuda de urgencia a los núcleos urbanos arrasados por la DANA. Tardaron 72 horas en reaccionar y la gente afectada se sintió abandonada.

A la espera de que las autoridades actualicen las cifras del desastre, el sistema europeo de emergencias por satélite Copernicus EMS ha detallado que el área inundada por la DANA fue de 15.633 hectáreas, afectando a 190.000 personas, 17.597 edificaciones residenciales y más de 100.000 vehículos en toda la provincia de València.

Un análisis realizado esta misma semana por el medio especializado en datos ‘Datadista’ basándose en los edificios de uso residencial ubicados en la zona inundada fotografiado por el satélite Copernicus, revela que hay más de 75.000 viviendas dañadas, de las unas 25.000 fueron construidas durante los años de esplendor de la burbuja inmobiliaria en el Estado español.

Y lo que es aún peor: buena parte de esas edificaciones se levantaron sobre zonas inundables, sabiendo técnicamente que lo eran desde la aprobación en 2003 del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) por parte del Gobierno autónomo.

Revisión urgente

El arquitecto valenciano Juan Felipe Pons, especialista en ingeniería mecánica y autor de tres libros sobre el despilfarro económico cometido en el Estado español durante el boom inmobiliario que explotó en 2008, reconoce las dificultades existentes para revertir un problema urbanístico de base como son las miles de viviendas levantadas en zonas potencialmente peligrosas.

«Derribarlas es económica y socialmente inviable, pero en los sitios de mayor riesgo habría que encarar obras de infraestructura destinadas a canalizar el agua de los barrancos por nuevos cauces que alejen el riesgo de los núcleos urbanos. Sería construir una especie de bypass artificial para desviar el flujo de agua durante las crecidas», señala.

Las autoridades locales ya encargaron un proyecto hidráulico para paliar esta amenaza, pero tras innumerables tiras y aflojas acabó olvidado por el alto coste, 250 millones de euros.

«Desde luego, esa obra debería ir acompañada de una revisión urgente de los planes urbanísticos en València y en muchísimos otros lugares del Estado español que se encuentran en zonas de riesgo. Y, por supuesto, habría que impedir la construcción de nuevas urbanizaciones en lugares catalogados como inundables porque lo que ha ocurrido, aunque yo no soy experto en cambio climático, volverá a pasar con más frecuencia y violencia», asegura.

A la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot), que brinda apoyo y asesoramiento a la Administración para encarar intervenciones urbanísticas de calado, le cuesta entender que una comunidad con una extensa trayectoria de eventos naturales hostiles como València mantenga arrinconado Patricova desde 2003.

«Es inconcebible el desinterés que las distintas Administraciones han mostrado hacia un instrumento de carácter preventivo que fue elaborado para regular la localización de nuevos usos a partir de cartografías de peligrosidad y de una normativa urbanística vinculante en las zonas afectadas por riesgo de inundación», denuncia uno de sus portavoces.

En el centro de esa larga sucesión de desastres están la riada del Turia en 1957, que sumergió bajo las aguas a tres cuartas partes de la ciudad; la rotura del embalse de Tous en 1982 que causó 40 muertos y las inundaciones de 1987 que arrasaron el municipio de Alzira, en el extremo sur de la provincia a escasos dos kilómetros de Algemesí, una localidad levantada sobre un meandro del río Magro que ha quedado borrado del mapa.

La Albufera. La huerta valenciana con los naranjos en flor preparados para ser recolectados es apenas un recuerdo bajo las aguas de un mar interior. Y luego está ese olor que comienza a desprender el subsuelo enmarañado que ha dejado el cataclismo. En la esquina de una calle de Benetússer, el agua estancada se mezcla con una montaña de basura. El cadáver de un perro yace entre los escombros pudriéndose al sol. Parece de juguete, pero es de verdad. La gente se protege con mascarillas y no presta atención. Nadie se queja.