Hace ochenta años la dictadura de Francisco Franco inauguraba la cárcel de Carabanchel, construida gracias al trabajo esclavo de un millar de presos durante cuatro años. En ese complejo de edificios del barrio de tradición obrera al sur de Madrid se albergó a miles de detenidos por razones políticas y sociales y constituyó el mayor centro de represaliados del Estado español.

Merece la pena recordarlo, en tiempos de apología de la desmemoria y el negacionismo, cuando hasta diputados en las Cortes españolas reivindican el período dictatorial sin pudor. Pero a pesar de sus intentos, debe recalcarse: Carabanchel tuvo una prisión de seis naves, con 170.000 metros cuadrados en donde hubo más de 2.000 presos políticos que sufrieron torturas, violación a los derechos humanos y muerte. Entre las víctimas que pasaron por sus instalaciones hay cientos de vascos, como Joxe Arregi, Joseba Elosegui, Sabin Arana Bilbao y Carmelo Garitaonaindia.

La cárcel se cerró en 1998 y, con la cartera de Interior en manos de Alfredo Pérez Rubalcalba, fue demolida buena parte de ella en 2008. Pero quedó en pie su hospital, en donde funciona un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). El gigante recinto ha sido adjudicado para la construcción de una nueva sede del Servicio Penitenciario Estatal y para 600 viviendas.

La autorización para la nueva urbanización ya ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y los trabajos de alcantarillado y nuevas excavaciones podrían comenzar en dos meses, algo  que ha activado la alerta entre los memorialistas y la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel, que piden que se tenga cuidado con los restos del subsuelo, donde se practicaban torturas y aislamiento.

Memoria y reclamo

El primer martes de diciembre, la plataforma ha realizado una pequeña manifestación en la puerta de la sede principal de Interior en el Paseo de la Castellana, en donde presentaron 1.331 firmas pidiendo una «reunión urgente» con Grande-Marlaska antes de que empiecen las obras de urbanización y un escrito en el que se pide la construcción de un verdadero centro de memoria. En ese acto estuvo presente Yenia Camacho Samper, hija de los sindicalistas Marcelino Camacho (fundador de CCOO, exdiputado y preso político en Carabanchel) y Josefina Samper, cofundadora del Movimiento Democrático de Mujeres.

El reclamo cuenta ahora con un mayor respaldo legal, ya que en el BOE del 24 de octubre pasado se publicó el llamado ‘Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática al actual solar de la antigua Prisión Provincial de Madrid’, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este hecho fue considerado como un hito por el movimiento memorialista madrileño, que hace varios años viene pidiendo otro tratamiento para con la antigua prisión, ya desde los tiempos en que la cartera estaba bajo el mando de Félix Bolaños (ahora está en la órbita de Angel Torres).

Solicitan que se investigue si han podido quedar restos de la cárcel como las antiguas celdas de castigo tras haberse «triturado» gran parte en 2008

La incoación se produce después de que caducara sin respuesta oficial otra petición de origen ciudadano, llevada a cabo al amparo de la Ley 20/2022, y solicitada hace más de dos años por la plataforma. También es importante recordar que la Ley de Memoria Democrática obliga a la construcción de un Centro de la Memoria Democrática en su artículo 58 pero nada obliga a que el mismo se haga en el lugar donde estuvo la mayor cárcel franquista.

«En el escrito que presentamos también solicitamos que se investigue si han podido quedar restos de la cárcel. En 2008 se lo trituró y dejaron las piedras y es posible que hayan quedado vestigios de los sótanos y las celdas de castigo, tortura y aislamiento; está documentado que existía ese subsuelo», explica en conversación con NAIZ el portavoz de la plataforma, Pedro Casas.

El activista recuerda que el edificio del otrora hospital, donde funciona el CIE, «era donde las presas políticas daban a luz y donde muchos presos se curaban de las palizas», por lo que bien podría ser reutilizado como sede del centro de memoria.

Casas explica que la organización ya ha presentado alegaciones al proyecto de urbanización del Ayuntamiento de Madrid para esos terrenos, en lo que se incluye el pedido de investigar los restos. Sobre esto, fuentes del Ministerio de Interior preguntadas por NAIZ han respondido que será tenido en cuenta: «En relación a la huella de la antigua cárcel, SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, que construirá la sede de oficinas nuevas) tiene un compromiso de vigilancia arqueológica dentro de su ámbito de actuación».

Desde el Ministerio del Interior apuntan a NAIZ que tienen «un compromiso de vigilancia arqueológica» restringido a su «ámbito de actuación»

Debido a que en parte de los terrenos operará el Ayuntamiento, aclaran: «Cada constructora será la que haga las prospecciones arqueológicas dentro de su parcela». Además han apuntado que el desarrollo del monumento a la memoria prometido no estará a cargo de Interior.

«Hace tiempo que la comunicación con el secretario de Memoria Democrática [Fernando Martínez] no existe. Estamos a la espera de que nos respondan. No dudamos de la buena intención pero ellos hacen lo que pueden, no deciden», opina Casas, quien cree que aquí todo pasa por el impulso político de Grande-Marlaska.

«Queremos algo como en Argentina o Chile»

Casas recuerda que en 2021 el Gobierno español había prometido destinar «un espacio para recordar» la cárcel, «una parte de museo compartido con Instituciones Penitenciarias», algo que la plataforma rechaza desde aquel entonces: «Queremos que sea algo como lo que hay en Argentina o Chile, algo independiente, no en oficinas justamente de prisiones».

Con una voluntad a prueba de décadas, los activistas de la plataforma prometen que llevarán a cabo más iniciativas hasta obtener la reivindicación de un sitio al nivel de otras capitales europeas, como el Sachsenhausen de Berlín o el Museo Garibaldi en Roma.

Motivos para insistir no les faltan y como muestra un ejemplo: en la resolución mencionada del BOE, además de la declaración a la excárcel el Gobierno también lo hacía con la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo de Madrid. Allí funcionaba la criminal Brigada Político y Social franquista. Inmediatamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió el archivo del expediente y anunció que activará «todos los resortes legales» para impedirlo.