La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este viernes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial.

Calculan que esta medida beneficiará a cerca de 12 millones de asalariados en el conjunto del Estado español. En Euskal Herria son ya escasos los sectores que mantienen jornadas laborales mayores, según han puesto de relieve sindicatos vascos en el largo proceso de negociación que ha precedido al acuerdo.

La ministra ha asegurado que, en los últimos 40 años, no se ha tocado la jornada laboral, mientras que ha aumentado la productividad por hora trabajada más del 50%, por lo que «ha llegado la hora de repartirla».

La firma se ha llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo, poniendo fin a una negociación que se inició hace 11 meses y que ha pasado por distintas fases (sindicatos con la patronal, negociación tripartita y en las últimas semanas solo entre el Gobierno Sánchez y los sindicatos).

Entre medio se ha abierto un cierto choque entre el Ministerio de Yolanda Díaz y el de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, por los plazos para aplicar la jornada laboral.

Díaz ha incidido en que la productividad por hora ha crecido un 50% mientras que la jornada laboral no ha descendido en 40 años: «Ha llegado la hora de repartirlo»

Del acuerdo no forman parte CEOE y Cepyme, que han rechazado la rebaja de jornada alegando que no incrementará la productividad, como defiende Díaz, y que supone una «intromisión» en la negociación colectiva de empresarios y sindicatos.

«De aprobarse por ley la reducción de jornada, se debilitaría el marco de negociación colectiva, que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años» y, en la práctica, «abocaría a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia», argumentan desde las organizaciones empresariales.

Registro de jornada y desconexión digital

Junto a la rebaja de jornada sin recorte salarial, esta reforma del tiempo de trabajo contempla además el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y la mejora del registro horario.

Sobre este último punto, lo que se quiere establecer es un registro horario telemático, al que pueda acceder en remoto la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumplen las jornadas establecidas.

Tras la firma del acuerdo con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral, Trabajo tendrá que llevarlo al Parlamento para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV.

En este sentido, la ministra de Trabajo se ha mostrado convencida de que la norma saldrá adelante, como lo han hecho muchas otras leyes con las que inicialmente no se contaban con todos los apoyos necesarios.

Para ello, Díaz ha asegurado que se está negociando con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, y espera que el PP se sume a una medida que apoya mayoritariamente la ciudadanía y que, para la ministra, ayudará a los trabajadores a «ganar tiempo para la vida».

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado un pacto «completo y sumamente ambicioso» en un día importante, pero que «no es el final de nada», en alusión a la necesidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para que termine en ley y aplicándose.

Sordo ha recordado que han estado un año negociando y ha reiterado que hubieran preferido un acuerdo en el que estuvieran las patronales CEOE y Cepyme.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha reconocido que le hubiera gustado contar con CEOE y Cepyme en el pacto y les ha tendido la mano para seguir hablando, al igual que harán con los grupos parlamentarios para lograr sumar una mayoría que «refleje lo que piensa la sociedad».

«Es un buen acuerdo», ha defendido Álvarez, que ha añadido que las 37,5 horas son una «parada» para llegar a las 32 horas semanales, la jornada semanal de 4 días.

ELA pide abrir el debate en Euskal Herria

Desde Euskal Herria, el sindicato ELA ha incidido en que la reforma tendrá «un impacto limitado» en este país. Cita que según el Consejo de Relaciones Laborales la jornada pactada en los convenios que afectan a la CAV fue de 1.698 horas en 2023, mientras que las 37,5 horas semanales suponen 1.712 horas anuales, por encima de esa cifra.

ELA plantea a PNV y EH Bildu que aprovechen la ocasión para exigir la asunción de la normativa y establecer una jornada laboral vasca propia

No obstante, entiende que «PNV y EH Bildu deberían aprovechar la tramitación legal de la reducción de jornada en Hego Euskal Herria para exigir la asunción de la normativa sobre la jornada laboral, ya que solo así será posible establecer una jornada laboral acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras vascas».

Argumenta ELA que «uno de los principales elementos para la transición ecosocial será la reducción del nivel de producción a nivel mundial y este recorte puede producirse defendiendo los derechos e intereses de la clase trabajadora o explotando a los trabajadores y trabajadoras por las limitaciones biofísicas del planeta». Y por tanto, «si no queremos que se produzca una destrucción de empleo generalizada, necesitamos de manera irremediable recortes radicales de jornada». Le añade que «es la única manera de dar prioridad a las necesidades de cuidados por parte de toda la sociedad».