El Gobierno español ha encomendado a Correos a prestar nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), incluyendo multitud de trámites administrativos y financieros en el ámbito rural, que complementarán su actividad como operador postal universal, unas obligaciones que deberá cumplir, al menos, hasta el año 2030.

Se trata de una de las medidas incluidas en el real decreto ley que aprobó el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado lunes, y que, según afirma, persigue aprovechar la amplia red de 3.388 oficinas y más de 6.000 carteros de Correos en todo el Estado español para ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía.

Sigue así los pasos andados en otros Estados europeos como Italia, ante el declive de los ingresos procedentes de la actividad tradicional de cartas y el impacto que esta coyuntura está provocando en las cuentas públicas de los operadores postales.

«Correos necesita, sin más demora, realizar esa transformación, dado que su excesiva dependencia del servicio postal, la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un Ebitda negativo recurrente, que actualmente condiciona la viabilidad económico-financiera», argumenta el Gobierno en el real decreto ley.

Habrá que ver cómo repercuten estas nuevas funciones, toda vez que en Euskal Herria los sindicatos habían denunciado este mismo año escasez de plantilla y deterioro de condiciones laborales.

Huelga en Bizkaia y protestas en Araba

Así, en mayo y junio hubo varias jornadas de paros en Bizkaia, convocadas por prácticamente todos los sindicatos, para denunciar que se estaba acumulando la correspondencia sin entregar.

Según explicaron, estaban trabajando «con la plantilla mermada por debajo del 50% de la establecida», lo que provocaba «33.000 notificaciones acumuladas solo en los centros de trabajo de Bilbao, las cuales están saliendo a reparto con cuenta gotas debido a que no hay manos suficientes para poder prestar un servicio de calidad».

Según denunciaron, estas notificaciones administrativas que reciben los ciudadanos (Lanbide, Ayuntamientos, Diputación o Sepe, entre otras) llegan cuando «se han vencido los plazos, acarreando problemas muy serios, que conllevan pérdida de prestaciones, subvenciones, ayudas que desatan el conflicto y la queja acalorada contra el cartero y los empleados de las oficinas, llegando en algunos casos a la confrontación».

«Ni el cartero ni los trabajadores de las oficinas son los culpables de no pasar por los domicilios todos los días como así establece la prestación del SPU (Servicio Postal Universal) dejando a la ciudadanía sin correspondencia 4 y 5 días, la responsabilidad está en la gestión de la empresa y en las personas que nos dirigen», añadieron en su protesta.

En Araba también se han realizado concentraciones más recientemente denunciaron deterioro de condiciones laborales y recortes.

Antecedentes

Al anunciar esta ampliación de servicio, el Gobierno español argumenta que Correos también prestaba ya varios servicios financieros, como la posibilidad de ingresar y retirar dinero a los clientes de los principales bancos en sus oficinas, e incluso a domicilio a través de los carteros rurales, ahora que las entidades financieras han abordado el cierre de oficinas para ahorrar costes.

El objetivo de su nueva designación como operador SIEG es que Correos sea un aliado en la administración en todo el territorio, pudiendo realizar solicitudes administrativas, pago de multas y tributos, prestar servicios financieros o emitir certificados digitales.

También podrá prestar asistencia en cuestiones de digitalización, sobre todo a personas mayores en zonas rurales, o actuar en situaciones de emergencia como la DANA para facilitar los trámites a los ciudadanos.

Añade que esta designación le confiere a Correos un papel geoestratégico clave, al estar profundamente vinculada a la administración, y blindando su carácter público. «Estas medidas refuerzan aún más el carácter público de Correos y permitirán reorientar la misión de una compañía que, dada su amplia presencia territorial, debe ser un instrumento del Estado para fomentar la cohesión social y territorial. Al mismo tiempo, se regula el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios, todo ello para lograr los objetivos del Plan Estratégico y situar a la empresa en una senda sostenida y estable de rentabilidad», recoge el decreto.

Se duplicará la financiación

Su designación como operador SIEG y la ampliación como operador postal universal hasta 2030 ya venía recogido en el plan estratégico 2024-2028, que empresa y sindicatos acordaron el pasado verano.

Este plan duplica la financiación de Correos por prestar el servicio público postal, pasando de los 110 millones de euros anuales que venía recibiendo en los últimos años a entre 210 y 250 millones de euros a partir de ahora, sumando 1.050 millones de euros a lo largo de este periodo.

El segundo eje del plan, dotado con 1.350 millones de euros, incluirá una nueva financiación de 750 millones de euros para que Correos siga prestando servicios públicos a la ciudadanía y otros 600 millones para su internacionalización.

El tercer eje se centra en el plano laboral, incluyendo nuevas ofertas de empleo público de entre 3.000 y 4.000 puestos, la implementación de la jornada de 35 horas y el estudio de la semana laboral de cuatro días, avanzar en salarios hasta los 2.000 euros y la negociación de un nuevo convenio colectivo.