El ultraderechista Javier Milei ha comenzado su segundo año como presidente de Argentina con una economía que ha sufrido un hachazo del 15% del PIB en el gasto público, aumento de la pobreza y del paro, pero con una estabilización de los precios, registrando la inflación más baja desde 2021.

La nueva etapa es en año impar y en el sistema argentino eso significa una cosa: elecciones nacionales. Como en Estados Unidos, cada dos años se renuevan las cámaras. En el caso del país sudamericano, la mitad del Congreso y un tercio del Senado.

Con el objetivo puesto en mejorar su correlación de fuerzas (cuenta tan solo con 40 de los 257 diputados de la Cámara Baja y 10 escaños entre los 72 del Senado), el mandatario con aspiraciones de liderazgo global encarará el 2025 con dos iniciativas: cargarse la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (conocida como PASO) y utilizar los presupuestos que acaba de prorrogar para gastar sin control parlamentario y tener más posibilidades de pactos con legisladores de provincias necesitadas de recursos.

Primarias

El sistema de primarias había sido propuesto por el Gobierno de Cristina Fernández en 2009 y contó con el apoyo de casi toda la oposición de aquel momento. El esquema obligaba a los partidos a hacer primarias, otorgaba derechos en las listas a las minorías dentro de las fuerzas y beneficiaba a los partidos pequeños con minutos de propaganda en todos los medios. Se establecía una triple vuelta: primarias abiertas en agosto, generales en octubre y, en caso de ser comicio presidencial, posible segundo turno en noviembre.

Néstor Kirchner lo había planeado tras perder las elecciones de medio término con la división del peronismo. Sus rivales internos vieron más incentivos en conformar una nueva y pragmática marca electoral que seguir en la del peronismo gobernante. Ese esquema facilitó la unión de los distintos y también la exitosa coalición Cambiemos (ya inexistente) que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia y al frente amplio peronista que ayudó a Alberto Fernández.

El partido del líder anarcocapitalista, La Libertad Avanza, llevará al Parlamento el proyecto de derogar este sistema y volver al anterior. Esta vez sí, con una modificación: habrá papeleta única con casilleros para marcar la elección. Un viejo anhelo de las fuerzas no peronistas que Milei logró aprobar y que busca evitar el crónico robo de papeletas que Macri impulsó y que el Senado con mayoría kirchnerista tumbó en su momento.

Fuentes parlamentarias conocedoras de la incipiente negociación al respecto explicaban a NAIZ: «Hay cuatro motivos de Milei para derogar las PASO. El primero es que a la gente no le gusta, les hace ir a votar más veces. El segundo es que implica más gasto de dinero y quieren recortar en todo lo que puedan. El tercero es que suelen ser peligrosas políticamente para el Ejecutivo en funciones porque permite relucir a candidatos outsider, como pasó con el propio Milei; y por último, porque la dinámica se volvería muy inestable porque el cierre de listas será en mayo ahora».

Esto es así porque con la logística de la papeleta única, el cierre de listas será a mediados de mayo, adelantándose más de un mes a lo que era antes. Significaría, por tanto, cinco meses entre la definición de candidatos y los resultados de las generales. Demasiada brecha de tiempo para un país con política hiperventilada. Igualmente, ahora resta saber si Milei contará con los apoyos necesarios para derogar las PASO a tiempo.

Sin negociación

Lo que no ha necesitado es negociar los presupuestos y para evitar ese desgaste con la oposición ha preferido prorrogar cuentas diseñadas y aprobadas por el peronismo que tanto denosta. Los PGE argentinos fueron aprobados a fines de 2022 por una mayoría parlamentaria muy distinta y con Alberto Fernández en la Casa Rosada.

A Milei le conviene esta táctica por el simple factor de la inflación: según los cálculos de Hacienda, ha habido un 595% de aumento de precios desde el diseño presupuestario anterior, por lo que por cada 100 pesos erogados se deben calcular ahora casi 600. Pero esos pesos extra no están legislados, por tanto no tendrán control parlamentario.

Esto da un enorme poder discrecional de gasto a la Casa Rosada, que lo utilizará, como suele ser, para mejorar su posición a la hora de negociar apoyos parlamentarios de los legisladores de las provincias más pobres que necesitan recursos del Estado federal.

Todo a favor para el año el que el líder ultra quiere reafirmarse en el poder con miras a la reelección de 2027.